• Hubo pacto para no ejercer acción penal. Calcula el procurador fiscal Carlos Romero quebranto de 500 mil mdp con facturas falsas
Ciudad de México. En los gobiernos anteriores hubo un pacto con
los grandes contribuyentes para que no se ejerciera acción penal en su contra
por eludir responsabilidades y evasión tributaria, por lo que la administración
pasada sólo abrió casos judiciales contra algunos muy pequeños, nada
significativos, sostuvo el titular de la Procuraduría Fiscal, Carlos Romero
Aranda.
En reunión virtual con la Comisión de
Hacienda de la Cámara de Diputados, a pregunta de los legisladores, el
procurador informó que, en coordinación con el Servicio de Administración
Tributaria (SAT), se hacen estudios para que, sin aumentar impuestos, se
calcule la tasa efectiva que deben pagar los grandes contribuyentes con el fin
de incrementar los márgenes de recaudación.
Hay una trasnacional que paga 0.9 por ciento
de su utilidad y debería pagar cuando menos 2.5. Esto es, paga 90 centavos de
cada 100 pesos, sin que precisara el nombre de la empresa.
Romero Aranda informó que entre septiembre y
octubre podrán girarse órdenes de aprehensión por siete denuncias contra los
cabecillas de compañías dedicadas a la emisión de facturas falsas, y señaló que
esta práctica para evitar el pago de impuestos causó un quebranto por 500 mil
millones de pesos entre 2014 y 2018. Comprar y vender facturas falsas se
convirtió en un deporte nacional.
Anunció que el miércoles, en la reunión de la
Conferencia Nacional de Gobernadores, se firmará un convenio macro para
realizar investigaciones conjuntas contra la evasión fiscal, en especial en
contra de la emisión de facturas falsas, con el compromiso de que lo recuperado
será entregado a cada entidad.
Agregó que, en contraste con el sexenio
pasado, ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza las mesas de
defraudación fiscal, por lo que el tema se lleva al más alto nivel y esto
ha permitido elevar la recaudación.
Desde la reforma para que no sólo se
aprieten las tuercas a empresas, sino que se haga responsables a asesores,
abogados o contadores, a partir de la primera denuncia penal se logró la
recuperación de 30 mil millones de pesos.