Ciudad de México.- Legisladores federales han solicitado la intervención del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se garantice —de manera urgente— el abasto de agua potable en Baja California Sur (BCS), ante los estragos de la pandemia por el Covid-19.

Los integrantes de la sesión permanente del Congreso de la Unión detallan un documento donde solicitan la intervención de la titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez Cisneros, para que, en coordinación con los tres niveles de gobierno, enfoque los recursos necesarios y mantenga vigente los principios de la Carta Magna.

En entrevista con Diario El Independiente, la senadora Lucía Trasviña Waldenrath (Morena) explicó que en necesario “el trato igualitario para todas las personas en el país, es decir, agua para todos; además de aplicar el principio jurídico internacional sobre el derecho a la salud que se necesita ante esta emergencia sanitaria”.

“La situación es alarmante, pues la pandemia nos exige el mayor de los cuidados y limpieza para preservar un estado de prevención que afronte efectivamente esta lastimosa pandemia que adolecemos en el mundo entero”, expresó la integrante de la comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

Por su parte, la senadora Carmen Bañuelos de la Torre (PT) explicó a este matutino el problema se agrava ante la presente temporada de verano y, la presencia de lluvias en el territorio de la entidad; “por si fuera poco la poca coordinación de las autoridades de los tres niveles de gobierno”.

“Las autoridades se deben coordinar porque de lo que estamos hablando es de la seguridad y la salud de miles de sudcalifornianos, pero sobretodo de menores de edad e integrantes de grupos vulnerables, como las personas de la tercera edad o aquellas que, de por sí, ya tienen alguna enfermedad”, explicó.

Por separado, el ingeniero Silvio Octavio García Rodríguez, quien preside la Confederación Nacional de Profesionistas y Jóvenes de México (Conapro), reiteró la necesidad de garantizar el acceso al agua para uso personal y domestico de todos los sudcalifornianos como un derecho humano, antes de concesionar su extracción a particulares o para fines comerciales.

“De continuar esta tendencia estará vigente el riesgo inminente de garantizar el vital líquido a los 119.5 millones de habitantes en el país, en especial para los 60 millones que se abastecen de los 105 acuíferos sobreexplotados, entre ellos, los de Baja California Sur.

En este sentido, el abogado José Antonio Lara Duque, quien preside el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, recordó a este diario que, durante la administración federal pasada, se modificó el estatuto de las vedas existentes sobre 40 por ciento de las cuencas del país.

Por lo que se eliminó la prohibición que había para entregar permisos de extracción de agua en las cuencas, con el pretexto de que servirían para establecer reservas de agua para áreas naturales protegidas y la naturaleza para los próximos 50 años”.

“Si bien los Decretos de manera directa no privatizan el agua de las cuencas, con esta modificación legal se abrió la posibilidad para concesionarias y con ello, negar el derecho al agua potable a cientos de comunidades y millones de mexicanos, como hoy ocurre en BCS”.

Entre los estragos visibles de este grave daño a la sociedad, están los detectados en el municipio de la Paz, donde se recibe el agua potable sólo un día a la semana y por algunas horas; o los registrados en Los Cabos, en cuyo municipio de observa un “negocio redondo” por el flete del agua a domicilios y empresas.