Ciudad de México

La Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió por seis meses a Marco Aurelio González Romero, secretario de acuerdos del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca. 

Lo anterior derivado de la denuncia interna presentada por la judicatura el pasado 2 de julio, así como de la que realizó el día de ayer  la Fiscalía General de la República (FGR). 

La medida cautelar se dictó para continuar con la investigación y deslindar responsabilidades por posibles violaciones, tales como cohecho, utilización indebida de información, tráfico de influencia, encubrimiento, entre otras. 

La resolución se toma en el contexto del auto de libertad en el caso de José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, quien fue recapturado el 1 de julio, antes de que abandonara la zona aledaña al Centro Federal de Readaptación Social número uno de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México

El Mochomo es el líder de la organización delictiva Guerreros Unidos y considerado uno de los más importantes involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) confirmó que gente cercana a Casarrubias Salgado, El Mochomo, pagó 2 millones de dólares para que se le otorgara la libertad y no se incluyeran pruebas con las cuales se sustentó la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada. El dinero se repartiría en al menos tres funcionarios adscritos al juzgado segundo de distrito en materia penal con sede en Toluca y  se habría entregado poco antes de las 3 de la mañana del pasado jueves. 

La Jornada publicó en su edición impresa del 4 de julio que a través de un seguimiento de seis años y la aprobación de una solicitud de intervención telefónica para escuchar por más de seis meses las conversaciones de diversos familiares de El Mochomo y otros involucrados con el cártel Guerreros Unidos, permitió que las autoridades federales establecieran la ubicación de Casarrubias Salgado en Metepec, estado de México, a donde acudió a una reunión familiar, y así se logró su captura. 

De la misma manera se conoció de las negociaciones para sobornar a funcionarios del juzgado segundo de distrito con sede en Toluca para que lo dejaran en libertad por la acusación de delincuencia organizada, y se obtuvieron los elementos que ahora lo tienen bajo arraigo durante 40 días, tiempo en el cual se perfeccionará otra acusación por delincuencia organizada, y posibilitará que la Fiscalía Especial para el Caso Ayotzinapa concluya sus investigaciones y le impute responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas. 

Este martes, el CJF señaló que la suspensión del servidor público no prejuzga su culpabilidad y de ninguna manera limita la investigación exhaustiva que se está llevando a cabo en la totalidad del Juzgado Segundo de Distrito. 

“Como hemos sostenido, en el Poder Judicial de la Federación son muchas y muchos más los juzgadores y servidores públicos honorables, por lo que no toleraremos ningún acto de corrupción o injusticia que vulnere la autonomía e independencia de la justicia federal”.