Ciudad de México.- Baja California Sur (BCS) se ubica al frente de las entidades del país con el mayor registro de delitos de violación, robo a negocio y la extorsión, a pesar del confinamiento derivado de la pandemia del COVID-19.

Las denuncias ciudadanas en la entidad que gobierna Carlos Mendoza Davis por estos delitos, considerados de alto impacto, mantienen una tendencia a la alza con respecto al primer tramo de 2019 (enero a mayo), según datos que presentó la organización Semáforo Delictivo.

Los sudcalifornianos han estado sometidos a los delincuentes —según los datos recabados por la asociación, a partir de información oficial emitida por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS)— por delitos que registran una tendencia a la alza y arriba de la media histórica o tasa nacional.

Sin tomar en cuenta la lista negra —aquella que no se denuncia o reporta— entre enero y mayo pasados se reportaron 337 casos de robo a negocios, 90 casos de violación, 41 de extorsión y dos casos de feminicidio; un total de 470 en estos cuatro rubros.

La extorsión a nivel nacional aumentó 35 por ciento, con relación a 2019, donde los primeros diez lugares se los lleva Baja California Sur con 17.5 por ciento, seguido de Zacatecas con 13.9 por ciento, Quintana Roo con 10.4 por ciento.

Le siguen Querétaro con 9.5 por ciento, Tabasco y estado de México con el 8.3 por ciento, Jalisco,  Colima con 7.2 por ciento, Ciudad de México con 6.8 por ciento y Nuevo León con 6.7 por ciento.

“Es una situación muy seria, ya que la pandemia no frenó la comisión de hechos ilícitos. En el caso de Baja California Sur se suma la nula actuación de fuerza policial y su poca prevención a los hechos ilícitos”, afirmó el diputado federal Juan Martín Espinoza Cárdenas.

En entrevista con Diario El Independiente, el legislador federal de Movimiento Ciudadano (MC), que integra la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, identificó a la extorsión como uno de los delitos de mayor impacto que ha incrementado en nuestro país.

"En los últimos años, entre los delitos de homicidio y el secuestro, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es el segundo delito que se reporta con mayor frecuencia en el país, solo por debajo del robo o asalto en la calle o en el transporte público” dijo.

Por su parte, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) recordó que el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno federal ubicó entre sus prioridades “cambiar el paradigma de la seguridad pública en el país”.

“Esto no se ve en Baja California Sur, ya que lejos de solventar el principio de erradicar la corrupción, reactivar la procuración de justicia o emprender la construcción de la paz, tenemos a la población sometida al yugo de los delincuentes”, expresó.

Agregó la legisladora federal, “la inseguridad, la delincuencia y la violencia tienen un costo inaceptable en la vida de los ciudadanos, la cohesión social y sobretodo, en la gobernabilidad; estoy segura que la ciudadanía cobrará la factura a las autoridades en la próxima jornada electoral”.