Mientras que el gobierno federal emanado de Morena insiste en contar con la mayor cantidad de mecanismos de control y recursos a su disposición para llegar lo más preparados posible para la elección de 2021, aquí en la entidad algunos integrantes del grupo político que se refugia en la secretaría del “bienestar”, también tratan de guardar parque para lo que se ofrezca.

De todos es conocido que para participar en los procesos político-electorales no solo se requiere de contar con un gran apoyo ciudadano sino también de recursos materiales y económicos.

Para fiscalizar esos apoyos precisamente existen las autoridades electorales, aunque ya hemos visto en varias ocasiones cómo el gobierno federal, trata de meter las manos en los diversos órganos electorales.

Afortunadamente aún se cuenta con un INE y un Tribunal Federal Electoral que no han podido ser afectados hasta ahora por las evidentes intenciones del gobierno morenista de cuestionar a estos órganos que precisamente organizaron y avalaron los resultados de las elecciones que los tiene en el poder.

Por supuesto que el traído y llevado argumento de supuestamente atacar la corrupción es definitivamente una bandera que aún le reditúa a Morena simpatía de un sector de la población que se niega a observar la serie de falacias, mentiras y verdaderos fracasos registrados apenas a dos años de la actual administración federal.

En lo local los grupos políticos se mueven con la clara intención de acomodarse para sacar el mejor resultado como producto de una organización interna de su grupo que contribuya a armar propuestas convincentes y que generen el apoyo de la población.

Por supuesto el riesgo de que se cometan excesos está a la orden el día.

Sobre todo de quienes no tienen suficiente experiencia en la administración de los recursos públicos y que afectados por la euforia de contar con el evidente apoyo proselitista del gobierno de López Obrador, puedan cometer violaciones a la ley.

Claro que este tema adquirirá mayor relevancia conforme se cerquen las fechas para el inicio formal del proceso que es en septiembre, es decir dentro de dos meses.

Todo esto a pesar de la pandemia por Covid-19 y la serie de restricciones sociales que no han permitido aplicar el semáforo verde electoral a quienes aspiran a los diversos puestos de elección popular que estarán en juego el 06 de junio del año que entra.

Hemos visto por ejemplo la serie de pifias del delegado de “bienestar” Víctor Castro precisamente por subestimar a una población que estará como nunca atenta a este proceso.

Vale decir que dentro del grupo político que encabeza Castro Cosío que busca ser candidato a la gubernatura existen aspirantes a prácticamente todas las posiciones políticas es decir diputaciones locales, federales, alcaldías y hasta regidurías.

Por ello ya desde ahora habrá que revisar cómo se aplican los recursos materiales y económicos en este grupo político que presume en todos lados que la honestidad está de su parte cuando ya existen a estas alturas sospechas sobre el manejo financiero que fluye por la llamada secretaría de “bienestar”.

Esperemos que todo se mantenga dentro de lo legal y no le abonen en esta área de gobierno federal a la decepción y desencanto por el que muchos sudcalifornianos atraviesan respecto a lo que esperaban del gobierno de López Obrador.

Estamos a punto de que se suelten las amarras políticas por encima incluso de la actual pandemia y a pesar de la crisis económica y sanitaria que experimenta nuestra sociedad.

Por lo visto los tiempos políticos no esperarán a que la pandemia concluya los diversos aspirantes utilizarán todo su ingenio e imaginación para hacer proselitismo a pesar de las restricciones.

Ya veremos qué pasa en las próximas semanas