Ciudad de México

El Consejo de la Judicatura Federal  (CJF) señaló que inició una investigación interna en el Juzgado Segundo de Distrito de Proceso Penales Federales en el estado de México, sobre posibles actos de corrupción y vicios jurídicos, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en la mañanera que hay pruebas de corrupción en el juzgado federal que liberó a José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, señalado como uno de los principales responsables de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en 2014, y quien es acusado por delincuencia organizada.

Las investigaciones estarían encaminadas a la juez María del Socorro Castillo Sánchez y el secretario Marco Aurelio González Romero por presuntas irregularidades en la no vinculación a proceso de El Mochomo por dichos delitos.

En un comunicado, dijo que ya se presentó la denuncia para deslindar responsabilidades de manera contundente y agregó que el CJF "siempre ha velado y respaldado la autonomía e independencia de sus juzgadoras y juzgadores en sus resoluciones, pero toda decisión debe estar fundada siempre en el derecho y con estricto apego a la ley".

En este caso,  añadió, información que llegó a la Judicatura Federal, amerita una revisión exhaustiva. "No será tolerada ninguna desviación que se aleje de la justicia, ni cualquier acto de corrupción que incida en las sentencias de la justicia federal".

La Fiscalía General de la República (FGR) también trabajará de acuerdo con funcionarios federales de manera coordinada con el CJF para que integre la investigación, la cual primero debe realizar el consejo para establecer si alguno o algunos de sus integrantes incurrieron en delitos de tipo penal, como es la obstrucción de la justicia.

Este jueves en su edición impresa La Jornada publicó que la FGR reaprehendió a José Ángel N, El Mochomo – líder de la organización delictiva Guerreros Unidos y quien es considerado uno de los más importantes involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa–, antes de que abandonara la zona aledaña al Centro Federal de Readaptación Social número uno de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México.

Luego de que una juez federal de distrito en materia penal con sede en la capital de esa entidad decretara su libertad al considerar que el Ministerio Público no tuvo pruebas suficientes para que se le iniciara proceso penal por delincuencia organizada, al filo de las dos de la mañana concluyó la diligencia en la que se esperaba que se dictara auto de formal prisión, toda vez que la orden de captura se relaciona con hechos de 2014, antes de que estuviera vigente el nuevo sistema de justicia penal, y que se relacionan con el surgimiento de Guerreros Unidos y la detención de su hermano Mario en abril de ese año.