San José del Cabo, Baja California Sur. -Si bien, arrojar escombro en la vía pública constituye una violación ambiental que conlleva a la aplicación de fuertes multas económicas, los residuos procedentes de obras de construcción, generalmente arrojados en cauces de arroyos, continúa siendo una constante en diversas zonas del municipio. 

Una de las principales consecuencias que generan el depósito ilegal de escombro en zonas de arroyos, es que dificultan las tareas de desazolve en los mismos además de que representan un riesgo durante la temporada de lluvias, pues generalmente estos residuos suelen ser arrastrados por escurrimientos pluviales o impiden la corrida libre de las aguas. 

Pese a ello, algunos ciudadanos no solamente siguen evidenciando una falta de cultura ambiental, sino que burlan las excesivas sanciones que establece la ley y agravan el problema de contaminación en estas zonas. 

Durante un recorrido que realizó Diario El Independiente en un sitio cercano al arroyo de El Zacatal, vecinos acusaron que en los últimos meses ha sido frecuente la aparición de montículos de escombro en el cauce, incluso hasta en zonas baldías de la colonia. 

Indicaron que la proliferación de estos tiraderos tiene que ver con la falta de cultura ciudadana, pero también con la falta de vigilancia de autoridades. Agregaron que, quienes propician estos hechos generalmente suelen realizarlos durante las noches. 

“A la semana ves uno o dos montones de escombro nuevos, la gente viene y lo hace en las noches, aprovechan que no hay muchos vecinos que puedan verlos y que no ande la patrulla por la colonia. Es un riesgo porque se vienen las lluvias y eso puede taponear el agua y tener inundaciones” dijo uno de los vecinos, quien solicitó permanecer en el anonimato. 

Del mismo modo, consideró que por la temporada ciclónica que se vive es urgente que las autoridades se muestren atentas al problema de tiraderos de escombro, ya que el mismo puede seguir incrementando. 

Cabe recordar que, en mayo del 2019 el H. Cabildo de Los Cabos aprobó la iniciativa de modificar algunos puntos al reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno, entre ellos incrementar la aplicación de multas a quien o quienes incurran en delitos ambientales, estableciendo sanciones económicas de hasta 40 mil pesos.