Ciudad de México

Grupos del crimen organizado han impuesto medidas restrictivas en cuatro entidades, en el contexto de la pandemia por coronavirus, como toques de queda, amenazas a médicos y cobro de impuestos, advirtió la Secretaría de Gobernación (SG). 

En la lista aparece Guerrero, con Iguala y Petatlán, donde en las semanas recientes se registraron agresiones a personal médico y toques de queda; esto último ocurrió también en Sinaloa (Culiacán y Los Mochis), en acciones adjudicadas ahí al Cártel de Sinaloa. 

En Tuxpan, Veracruz, delincuentes del “Grupo Sombra” obligaron a la población a tomar medidas de aislamiento, y en Santiago Ixcuintla, Nayarit, la SG identificó el cobro de impuestos por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. 

En tanto, informó la SG, los estados y municipios siguieron aplicando medidas coercitivas y sanciones desproporcionadas, respecto a los derechos humanos, tales como arrestos administrativos, que no incidieron positivamente en la tasa de casos confirmados de Covid-19, advirtió la dependencia federal. 

Acorde con este criterio, las medidas extraordinarias “que implican una restricción de derechos” incluye: reducción de movilidad, filtros sanitarios, uso obligatorio de cubrebocas, toque de queda, acceso restringido, restricción de movilidad y cierre de accesos. 

De la lista de 32 entidades, por número de factores encabeza la Ciudad de México, por el uso obligatorio de cubrebocas, seguido de Oaxaca, por reducción de movilidad, lo mismo que Zacatecas. 

El recuento incluye 428 “medidas extraordinarias” en todo el país. 

Los datos anteriores se incluyen en el segundo reporte de la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la SG, de observaciones sobre violaciones a derechos humanos durante la emergencia sanitaria, en el periodo abril-mayo del año en curso. 

La SG destacó el caso de Jalisco, con el uso obligatorio de cubrebocas en espacio público y el resguardo domiciliario obligatorio. 

“Si bien estas medidas pueden estar recomendadas en un marco de corresponsabilidad, en Jalisco fueron implementadas coercitivamente a través de un marco de sanciones administrativas que, conforme con el acuerdo, debían implementar las autoridades municipales”. 

Las sanciones que preocupan, añade, son aquellas dirigidas a personas físicas y no a establecimientos, como las amonestaciones, multas y arrestos de hasta 36 horas. Esa posibilidad de arresto también se encuentra en 14 entidades más. 

En el caso de las medidas restrictivas por parte del crimen organizado en el contexto Covid-19, el origen de la información se adjudica a “fuentes abiertas”. 

En cuanto a agresiones contra personal de salud, la SG dijo que durante el bimestre mencionado se registraron 103 eventos de este tipo de 29 estados: 53 en abril, 34 en mayo, y 16 también durante la contingencia pero en fecha sin especificar. 

La Ciudad de México encabeza la lista con 19 casos, seguida de Jalisco, con 15. En estas dos entidades se concentra un tercio de las agresiones registradas. 

Casi la mitad de las 103 se relacionan con agresiones físicas, una proporción menor, verbales y algunas escritas o de otro tipo; 50 por ciento de estos eventos fueron en contra de mujeres. A su vez,entre los agresores son fundamentalmente varones, pero también hay seis funcionarias públicas. 

En 68 del total de los casos participaron en la agresión al menos dos personas más, acompañantes, vecinos o familiares de pacientes diagnosticados con Covid-19. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó 55 agresiones a personal de enfermería, en 14 entidades del país, durante mayo. Aquí destaca, por número, Veracruz (12), Jalisco (10), Estado de México (9), y Ciudad de México (5). 

En cuanto a actos de discriminación, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación recibió del 19 de marzo al 9 de junio, 343 peticiones de intervención, promovidas por trabajadores, clientes de prestadores de servicios, personas trabajadoras en unidades médicas, personas mayores, médicos, personal de enfermería y condóminos, entre otros. 

Igualmente, la SG informó que de enero a mayo de este año, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas registró 250 agresiones (128 defensoras y 122 a periodistas). 

Chiapas y Oaxaca presentan el mayor incremento de situaciones de riesgo para estos grupos. 

A su vez, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas registró durante el periodo marzo-mayo del año en curso a mil 260 personas como desaparecidas o no localizadas: 754 hombres y 506 mujeres. 

La búsqueda durante la contingencia tuvo como resultado la localización de 551 personas (43.7 por ciento de las personas reportadas). De estas, 513 personas fueron localizadas con vida y 38 sin vida. 

De las personas privadas de su libertad, en este periodo de contingencia sanitaria, la SG dijo que en México existen actualmente 185 mil personas en esa situación, las que se encuentran en especial vulnerabilidad ante un contagio, subrayó. 

Al corte del 31 de mayo, se tiene el reporte de 228 casos confirmados de Covid en centros de reclusión, 14 defunciones y 168 eventos de contagio por confirmar, principalmente en el Estado de México y Baja California. 

De los contagios, la mayoría se ubicaron en Puebla (99), seguido de Jalisco (69), y Yucatán (16). 

En mayo se informó de mil 176 peresonas beneficiarias de mecanismos de liberación y se encuentran en estudio 3 mil 719 casos más en 25 estados. 

En el contexto anterior, la SG pidió a todas las autoridades de gobierno a abstenerse de implementar medidas coercitivas y concentrar sus acciones en los ámbitos laboral, educativo y recreativo. 

Dijo que el regreso a las actividades mediante el semáforo epidemiológico debe ser un trabajo conjunto para reducir contagios y las expresiones de discriminación y estigmatización social. 

“Las medidas extraordinarias para atender la emergencia sanitaria deben implementarse con estricto apego a los derechos humanos de las personas”.