La Paz, Baja California Sur.-  La Secretaría de Gobernación del gobierno federal emitió un documento donde establece que 19 medias implementadas por el Gobierno del Estado de Baja California Sur y sus municipios son violatorias de los derechos humanos. Al respecto, el Secretario General de Gobierno consideró un problema sumamente complejo pero justificado si se salvan vidas. 

De acuerdo con el documento “Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos cometidas durante la Contingencia Sanitaria por COVID-19” El gobierno del estado de Baja California Sur y sus municipios han implementado 19 medidas que representan sanciones como el arresto, que la autoridad federal considera violaciones a los derechos humanos. 

5 medidas estatales y 4 medidas municipales implementadas en Baja California Sur implican “sanciones desproporcionales” para los sudcalifornianos como penas corporales y económicas. 

Al pedir su parecer sobre estas observaciones, el Secretario General de Gobierno, Álvaro de la Peña Ángulo dijo que es un tema complejo que requiere un análisis cuidadoso. 

“En el cuidado de la vida de todos amerita hacer acciones que a veces a alguien no le parece, pero está justificado porque cuidamos la vida de las personas”, dijo a Diario El Independiente. 

Aunque dijo estar de acuerdo en que “nunca se cometiera un abuso en los derechos humanos” considero que “tener restricciones para cuidar la salud de todos” es necesario. 

De acuerdo con las propias cifras del Gobierno Estatal, durante el confinamiento, en marzo y abril pasados se dio la detención de 762 personas, acciones que fueron efectivas en todo el territorio estatal estado. 

El documento de SEGOB citado arriba expresa que son “particularmente preocupantes aquellas medidas que posibilitan el arresto administrativo, pues no sólo son las que restringen de manera más importante los derechos humanos, sino que resultan contraproducentes al generar potencialmente concentraciones de personas en reclusión que pueden facilitar la propagación del virus SARS-CoV2”. 

Entre estas, recae la determinación estatal de reforzar el artículo 168 del código penal que propone sanciones a quien contagie de forma dolosa a terceros. 

Las medidas que la autoridad federal considera violatorias de los derechos humanos en Baja California sur son cuatro por reducción de la movilidad, dos filtros sanitarios, una por uso obligatorio de cubreboca, una por toque de queda y una por la restricción del acceso a espacios públicos, una por la restricción de la movilidad, dos por el cierre de accesos a comunidades y otras tres no especificadas. 

De acuerdo con el documento, los retenes, cierres de fronteras estatales o municipales, y cierre de carreteras, son restricciones severas al derecho al libre tránsito. 

Establece que ni los estados y ni los municipios “tienen competencia para dictarlos toques de queda, incluso si se argumentara que pudieran tener competencia, estas medidas no cumplen con los requisitos de proporcionalidad”. 

Esto, en un contexto donde la transmisión del contagio del coronavirus que provoca COVID-19 en Baja California Sur se encuentra en lo que el propio secretario Ángulo de la Peña llamo “un pico del contagio”. 

“Si continúa incrementándose pudiera ser que regresemos” expresó el Secretario de Gobierno al no descartar la posibilidad de regresar, como lo han hecho en otras partes del mundo, al nivel de máximo confinamiento: el color rojo en el semáforo de estatal de riesgos.