La Paz, Baja California Sur.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) otorgó medidas cautelares a 8 diputados del Congreso de Baja California Sur (BCS), luego de denunciar violencia política en razón de género y pidieran su restitución en cargos administrativos.

Pero, de acuerdo al documento, esto ocurrió “sin revisar la veracidad” de los elementos de prueba vertidos por los encabezados por Daniela Rubio Avilés y Lorenia Lineth Montaño Ruíz, quienes a su vez, se ostentan como presidentas de la Mesa Directiva y la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

Así lo manejaron en el “voto particular conjunto” los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Madeline Otálora Malassis, quienes votaron contra de las medidas cautelares del acuerdo del magistrado ponente y presidente, Felipe Fuentes Barrera.

El acuerdo fue emitido dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-724/2020, a peticiones de la legisladora Montaño Ruíz y otros 7 diputados, que se presentarán este martes luego de 3 meses de ausencia.

1.       Se ordena al Congreso de BCS que se abstenga de realizar cualquier acto de violencia y acciones discriminatorias en perjuicio de las personas promoventes.

2.       Los responsables y cualquier miembro del Congreso BCS deberán abstenerse de impedir a la parte actora el ingreso a las instalaciones legislativas.

3.       Se ordena al Gobierno de BCS, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a otorgar medidas de protección a los diputados locales y sus familias, según lo necesario mediante un “análisis de riesgo y plan de seguridad”. Tales como: Asignación de escoltas, vigilancia o protección y otras aplicables.

Señalan los 2 magistrados en contra, contra 5 votos a favor, que no es suficiente la “sola mención” de la existencia de la violencia política en razón de género, para que la autoridad jurisdiccional dictara las medidas.

“Por el contrario, deben existir elementos mínimos que permitan determinar que los actos se realizan por razón de la violencia que se dirige a las mujeres por su condición de género, situación que en especie no acontece”, opinaron en el documento.

Por ello señalaron que si bien la mayoría lo aprobó, desde su punto de vista, los anteriores criterios no se cumplieron.

“Las medidas no derivan de un análisis concreto de los hechos que conduzca a conocer los riesgos en los que se encuentran las y los actores”, dijeron.

Consideraron que la pretensión de los actores es restituir el derecho a ejercer cargos, lo que implica un pronunciamiento en el estudio de fondo del asunto.

“Existen elementos para dar resolución de fondo de manera inmediata, sin necesidad de medidas,  como en el caso, son poco claras, y no están sustentadas en elementos fácticos ni probatorios que justifiquen”, señalan los magistrados.

“Inapropiado que se ordene que el Gobierno del Estado, a través de la PGJE en 24 horas haga un análisis de riesgo, un plan de seguridad, para las y los diputados, sus familias. Es imprecisa, falta de certeza, lo que complica su ejecución”, finalizaron.

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Humberto Arce Cordero y Ramiro Ruíz Flores, diputados del Congreso de BCS por Morena y parte del grupo de 13 legisladores que reconocen a Mercedes Maciel como presidenta, hicieron comentarios sobre estas medidas cautelares.

Dijo el primero como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que estas no afectan la destitución de Lorenia Lineth Montaño Ruíz como presidenta de dicho órgano de control legislativo, ni a Daniela Rubio en la presidencia.

“No dice nada de sesiones si son válidas o no. Únicamente dice, a ver, la parte actora dice que hay violencia de género, no me consta, tengo solo una versión en lo que investigo, emito unas medidas cautelares”, señaló Humberto Arce.

“Nada más, nunca dice reinstálese puestos, presidencia, reinstálese comisiones previas, la Junta de Gobierno, o que queda invalida la sesión ni nada", dijo el diputado.

“Hubo 2 no de acuerdo en el voto particular que argumentan los 2 en contra, que es un exceso, esa medida cautelar. No se conoce el fondo del asunto, lo ideal era conocerlo, porque no son hechos, no hay pruebas de los hechos narrados por ellas sean ciertas”, dijo Arce además.

Dijo que se contestó de manera inmediata dicha denuncia y se impugnarán las medidas cautelares, pero reiteró que “ni la SCJN ni el TEPJF” lo remueven de su presidencia actual.

Por su parte el diputado Ramiro Ruíz, consideró un exceso que consideraran las diputadas el juicio político en su contra un acto motivado por “violencia de género”, por lo que reconoció que no podrán ser molestados y que podrán venir con agentes armados.

“¿Qué está concediendo? Que los dejemos entrar, que no los molestemos, que les den cuernos de chivo, guaruras, protección, eso está concediendo nada más. No habla de otro tema, ni de juicios políticos”, dijo el diputado.

“Hay que analizar la resolución de los votos. Los 2 que votaron en contra dicen que no tiene razón para otorgar la medida cautelar [¿ve usted una ‘cargada’?] No lo puedo comentar pero sí lo veo”, finalizó.