La Paz, Baja California Sur.- 

En estos momentos de la noche es saqueada la oficina de la Dirección de Finanzas del Congreso de Baja California Sur (BCS) de acuerdo a reportes ciudadanos, con imágenes de personas sacando documentos, cajas y depositándolas en vehículos para su retiro.

El edificio de las calles Benito Juárez y Dionisia Villarino, colonia Centro, también alberga la Auditoría Superior del Estado (ASE), recientemente bajo pugnas judiciales tras la destitución de Julio César López Márquez, quien no logró el amparo ante la decisión.

En entrevista para Diario El Independiente, hablaron los diputados Humberto Arce Cordero, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, así como Carlos Van Wormer, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASE.

Confirmaron los hechos de saqueo los días 31 de mayo y 1 de junio de 2020; las últimas imágenes corresponden al reporte de las 10 de la noche de este lunes.

Carlos Van Wormer indicó que estos hechos son justo un día antes de la audiencia del juicio de amparo 289/2020, que el juez de distrito Rigoberto González Ochoa otorgó a la exdirectora, María Francisca Covarrubias Sánchez.

Dicho mandato judicial ha permitido que 8 diputados suspendidos de funciones, junto con María Francisca Covarrubias Sánchez, se mantengan en control de dichas oficinas y la chequera del Congreso desde el 6 de marzo.

Además, la Secretaría de Finanzas y Administración se negó a dejar de depositarles a “los 8” el presupuesto del Congreso, a pesar de suspensiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la controversia constitucional 63/2020 que así dispusieron.

“Mañana a las 10 de la mañana sabremos en qué termina lo de Francis (sic), pero creo sus asesores deben haberle dicho que le van a negar el amparo, va a tener que entregar las oficinas”, dijo el diputado.

“La documentación que está sacando, en su caso, vamos a hacer una evaluación cuando retomemos el control legal de las oficinas. Ver qué tenemos, qué no tenemos. La contabilidad se puede recuperar, el banco tiene que darnos estados de cuenta”, dijo Van Wormer.

Explicó que María Francisca Covarrubias Sánchez advirtió a los diputados “que la oficina era de ella” y “se la iba a llevar”; dijo que inclusive el día 31 de mayo se retiraron muebles del lugar.

“Aunque tengan la suspensión de un juez, todas las cosas que hicieron mal, que sacaron de ahí se va a pedir que se regrese y va a haber imputaciones penales, con denuncias contra los imputados”, finalizó.

Trascendió que además en la resolución de dicho amparo, intervino también el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), por el actuar del mencionado juez en “dilatar” los procedimientos correspondientes a los amparos 289/2020 y 302/2020.