CIUDAD DE MÉXICO.

Acasi tres años de los sismos de 2017 que afectaron a cientos de edificios históricos de la Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Chiapas, estos edificios históricos y ruinas arqueológicas aún no cuentan con un seguro que los proteja por daños causados por movimientos telúricos, debido al alto costo de las pólizas que impusieron las aseguradoras, luego de la devastación ocurrida en 2017.

Por esta razón, la Secretaría de Cultura federal (SC), encabezada por Alejandra Frausto, trabaja en alguna alternativa, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para paliar el problema.

Así lo detalló Arturo Balandrano, titular de la Dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural.

Reconoció que los más de 20 mil inmuebles federales, que son monumentos históricos, artísticos o arqueológicos, sí deben tener algún tipo de cobertura, pero hasta el momento no se ha podido cubrir contra desastres telúricos.

El año pasado sí se contrató un seguro contra desastres hidrológicos, es decir, inundaciones y huracanes. Es una cobertura tanto para sitios arqueológicos como para históricos, por parte del INAH. Pero en el caso de los riesgos por sismo está siendo analizado en el equipo de la SC y la SHCP”, detalló.

Balandrano reveló que se trabaja en varios escenarios. Por ejemplo, la creación de un fondo a través de una aportación federal; a través de las modificaciones que se pretende hacer al Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden).

Otra opción es que, “en el caso de los templos –que son propiedad federal y están bajo el resguardo de alguna asociación religiosa–, condicionar ese uso... con la condición de que contrate, individualmente, templo por templo, un seguro, lo cual resultaría más barato que contratar un paquete para todo el país y (éste) sería a cargo de la asociación religiosa”, apuntó.

Pero aún se están valorando esos escenarios y creemos que se va a llegar a una solución óptima muy pronto para poder tener esa cobertura”, añadió.

Además, añadió que, en el caso de la Casa de la Malinche o Casa Colorada –que fue habitada por los muralistas Rina Lazo (1923-2019) y Arturo García Bustos (1926-2017)–, también se condicionará el apoyo del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) a cambio de que la familia que habita dicho inmueble contrate un seguro contra sismos y lo pague de su bolsa.

En el caso de La Malinche, la casa debió haber sido asegurada (antes del sismo de 2017) y no lo estaba. Entonces, una condición del apoyo que el gobierno federal va a prestar en este año con el PNR, para atender esta casa, es que la familia contrate un seguro contra sismos.

MÁS RECURSOS AL PNR

Arturo Balandrano también detalló que, para este año, el PNR definió nuevas reglas de operación que se apoyan en los mismos criterios publicados en 2019, “aunque se añadieron algunas condiciones que permitan ser más eficientes en la transferencias de los recursos federales para hacerlos llegar más rápidamente a los beneficiarios”.

Aseguró que esto le permitirá “celebrar convenios de colaboración con las unidades ejecutoras que estamos conviniendo para bajar los recursos en el primer semestre de este año, pero ya sin las prisas del año pasado”.

Balandrano destacó que en 2020 el PNR ejercerá 68 millones de pesos más que el año pasado, al pasar de 265 mdp a 333 mdp.

Con esos recursos, apuntó, atenderá 115 proyectos que quedaron pendientes de 2019, y con el presupuesto  que sobre, pretende atender las nuevas solicitudes.

Al cierre de la convocatoria de este año, que lanzamos el 10 de abril y cerramos el 11 de mayo, recibimos más de 400 solicitudes, entre las que nos están solicitando una segunda etapa y solicitudes nuevas. Sin embargo, las vamos a dictaminar en junio y publicaremos los resultados a principios de julio”, explicó.

LAS PRIORIDADES

Balandrano también habló sobre los cambios para este año.

Con el cambio en las reglas de operación podremos atender más entidades, porque ampliamos las reglas de operación para atender bienes que resultaron afectados aunque estén en localidades que no tuvieron una declaratoria de desastre por los sismos de 2017, ya que esto fue una limitación, pues no pudimos atender solicitudes de  entidades como Querétaro e Hidalgo, pero este año sí será posible”, aclaró.

Sin embargo, las entidades deberán acreditar que los daños corresponden a las afectaciones de 2017.

Explicó que la prioridad es continuar con las 155 obras que en un 60% ejercieron recursos en 2019, que ejercieron durante los primeros tres meses de 2020. “Ésa es nuestra primera prioridad y a ésas les vamos a garantizar recursos para continuar y poder recuperar estos bienes”.

La segunda prioridad serán las 51 obras que reintegraron los recursos, debido a que no pudieron contratar los servicios de empresas especializadas. “Son acciones que ya están dictaminadas y beneficiadas desde 2019 y que es un compromiso atenderlas, por lo que no se dictaminarán nuevamente”.

Así como las 115 acciones que se intentaron convenir en 2019, las cuales ya fueron dictaminadas y aprobadas, por lo que en este año entrarán directo.

La meta es cubrir las 321 acciones más las que podamos atender nuevas de estas solicitudes que recibimos hace unos días, las cuales deberán dictaminarse y aprobarse”, detalló.

La idea es que todas estas acciones sean atendidas con 290 mdp y que resten 43 mdp para las nuevas solicitudes. “El compromiso del PNR es que termine hasta que entreguemos el último bien afectado... y si falta recurso, habría la posibilidad de hacer un esfuerzo adicional para buscar recursos porque es una prioridad presidencial”.

¿Concluirán en 2021 como prometieron?, se le cuestionó. “Creemos que sí... aunque se está haciendo una pequeña reconsideración para terminar en 2022”.