La Paz, Baja California Sur.- Es “perverso” maquinar juicios y sorprender a los tribunales alegando “violencia política en razón de género” para describir el conflicto en el Congreso de Baja California Sur (BCS), dijo la diputada Rosalba Rodríguez López.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, hizo referencia a las medidas cautelares urgentes otorgadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a 8 diputados, inclusive para portar escoltas tras la denuncia de diputadas.

La morenista tomó la tribuna para hacer un pronunciamiento en donde señaló que los actos que reclaman fueron descritos de manera imprecisa.

“Acusan violencia política, violencia política contra las mujeres, violencia Psicológica, violencia digital en medios electrónicos, violencia Institucional, violencia simbólica y violencia en razón de género”, dijo la diputada morenista.

“Pero esto es debido a que se les impide el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales como diputadas y diputados integrantes del Congreso del Estado”, explicó.

Recalcó que los magistrados reconocen que las medidas cautelares se basan en las “meras afirmaciones” de los solicitantes y no de la certeza de las pretensiones.

“La Sala Superior no cuenta con los elementos probatorios necesarios para emprender un análisis de fondo de la controversia”, leyó la diputada en sesión.

Dijo que luego de que Daniela Rubio decidió suspender “de manera unilateral” las actividades el día 17 de marzo, dijo que esto fue rechazado por el Poder Legislativo mediante un voto mayoritario.

“El pleno votó en contra de la suspensión en sesión pública, por ser la legislación parte de las actividades esenciales y aún en BCS, no se suspendían ni siquiera actividades no esenciales”, dijo la diputada Rosalba Rodríguez.

“Esto se omitió, al interponer el recurso en la Sala Superior del Tribunal, con pleno conocimiento de que el Congreso no suspendió actividades y éstas  continuaron con normalidad”, acusó la diputada.

Dijo rechazar rotundamente que se trate de un caso de violencia política de género, de ningún tipo, luego de que tomaron protesta como diputadas.

“La ley que señala claramente que tras 5 faltas no justificadas, deberá llamarse a sus suplentes, de no ser así, se estaría afectando un interés público, como es, el funcionamiento del Poder Legislativo”, dijo la diputada.

“Pretender que se trata de Violencia Política contra las mujeres en razón de género, implicaría un uso perverso de los avances en la defensa de los derechos políticos de las mujeres, y no abona nada, por el contrario demerita el esfuerzo de tantas mujeres que nos antecedieron en esta lucha”, finalizó.