• Pese a los años transcurridos y las evidencias expuestas, nadie ha sido detenido y enjuiciado por el ataque que se saldó, el 19 de junio de 2016, con ocho muertos y más de 150 heridos de bala
Arturo Peimbert Calvo, ex titular de la
Defensoría del Pueblo de Oaxaca, sostiene, como parte del equipo de abogados y
defensores del colectivo de víctimas del ataque policiaco al poblado de
Nochixtlán, que este expediente, dotado a la fecha con una base de pruebas y
documentales muy sólidos, ofrece al sistema de procuración de justicia de
México la oportunidad histórica de esclarecimiento, verdad y formulación
de una teoría del caso para sucesos como éste, en el que la población civil fue
atacada por agentes de los tres órdenes de gobierno, incluso cuerpos
parapoliciales, de manera concertada.
Hasta la fecha, pese a los años
transcurridos y las evidencias expuestas, nadie ha sido detenido y enjuiciado
por el ataque que se saldó, el 19 de junio de 2016, con ocho muertos y más de
150 heridos de bala.
Para avanzar, explica el
defensor, urge que la fiscalía general, donde sí vemos buena voluntad,
vaya más al fondo y más rápido. Por eso es urgente que se vuelva a hablar de
Nochixtlán, que el tema salga de la invisibilidad en que se sumió en los años
recientes.
A finales de febrero de este año,
el ex gobernador de Oaxaca Gabino Cué; quien fuera su secretario de gobierno,
Carlos Santiago Carrasco, y el ex comisionado nacional de seguridad Renato
Sales Heredia fueron citados a declarar por el Ministerio Público federal que
investiga el caso de Nochixtlán, junto con una docena más de funcionarios que
estuvieron en el centro de la toma de decisiones en el ataque a esta población
de la mixteca oaxaqueña.
Los interrogatorios se aplicaron
en su calidad de testigos en un nuevo impulso que ha dado la Fiscalía General
de República (FGR)a la investigación. La expectativa de la Coordinadora de
Víctimas de Nochixtlán y de su defensa es que, de seguirse en esa línea, se
llegue a citar incluso al ex presidente Enrique Peña Nieto. La intención
es que todos ellos comparezcan en su momento como imputados, ya no sólo como
testigos.
En opinión de este abogado
oaxaqueño, no hay ningún otro caso en la historia de México en el que se
pueda documentar más fehacientemente una agresión concertada de este tipo, como
el de Nochixtlán. En estos momentos en los que el país necesita señales claras
de justicia en el caso de delitos cometidos en el pasado, esta investigación es
la gran oportunidad.
En la lista de citados a
declarar, además de Cué y Sales, figuran –entre otros– Enrique Francisco
Galindo, ex comisionado general de la Policía Federal (PF); el ex titular de la
división de fuerzas federales de la PF Salvador Camacho; Jaciel Vázquez Castro,
ex coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca; el
ex secretario de Seguridad Pública del estado Jorge Alberto Ruiz Martínez; el
ex coordinador de las fuerzas federales de la PF Jorge Isaac Trujillo, e
incluso el notario público número 65 de Oaxaca, Blas Figueroa Montes, quien se
distinguió por haber dado fe de que los policías que realizaron el operativo no
portaban armamento, cuando ya a esa hora circulaban por todo el mundo
fotografías y videos de los agentes en acción fuertemente armados, incluso con
equipo de uso exclusivo del Ejército.
Peimbert reconoce que aunque
no veo un andamiaje político que esté empujando para reforzar esta investigación,
sí hay que reconocer una voluntad muy importante por parte de la entidad
investigadora al citar a estas personas con posible responsabilidad.
Considera que ningún otro caso
emblemático de un ataque del Estado a la población civil ofrece tal cúmulo de
pruebas como el de Nochixtlán: Estamos hablando de que hay más de 400
horas de grabaciones en video sobre el ataque. A la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en ese momento se le entregó una investigación de más de 6 mil
fojas y la CNDH no quiso entrarle bien al tema.
Enumera algunos de los elementos
más fuertes: Hay declaraciones hechas por el Cisen reconociendo que hubo
una mesa de operación conjunta en la que se decidió cómo se iba proceder. Otro
elemento es que un fedatario público se prestó para certificar que no estaban
armados los policías, cuando hay suficientes documentales fílmicas y
fotográficas para demostrar lo contrario. Otra prueba es la denuncia firmada
por el personal médico de la clínica número uno del IMSS en Oaxaca, denunciando
que elementos de inteligencia de la PF exigieron que en ese hospital no se
atendiera ni a maestros ni a la población de Nochixtlán, solamente a los
policías.