Dialogan sobre el derecho a la privacidad la fiscal de delitos cometidos contra periodistas.
La Paz, Baja California Sur (5 de junio, 2020) — La falta de “educación digital” entre los usuarios de redes sociales y medios electrónicos puede provocar violencia sistémica por lo que, al decir de la fiscal especializada en delitos contra periodistas en la Procuraduría General de Justicia del Estado por lo que es necesario actualizar continuamente el marco normativo que garantiza el derecho a la privacidad, así como garantizar su vigilancia.
Así fue planteado por la fiscal especializada en delitos contra periodistas, Arizbeth Jiménez en la conferencia “Libertad de Expresión y Derecho a la Intimidad” que fue impartida por la Procuraduría General de Justicia del Estado en un evento convocado a través de plataformas de telepresencia.
“Los medios de comunicación ayudan a la población a estar mejor comunicada y a facilitar la información, pero existe una falta de educación digital, que puede generar consecuencias como la violencia sistemática o el daño a niños y mujeres principalmente, por lo que la libertad de expresión no debe contraponerse a otros derechos, como a la privacidad o la protección de datos personales”, expresó la titular de la fiscalía que estudia delitos relacionados con la libertad de expresión en el estado.
Durante su exposición, consideró necesario actualizar las leyes referentes a datos personales y derecho a la privacidad en el contexto de una realidad cambiante en términos de un sector de continua transformación de las plataformas de comunicación y la información.
Al dictar la conferencia, que contó con la presencia de distintos representantes de los medios de comunicación, se dijo que el derecho a la privacidad es un concepto muy difícil de definir con precisión, pero explicó que abarca aspectos relativos a la persona como “las relaciones familiares, las creencias religiosas y políticas, las convicciones personales de salud, identidad y personalidad, inclinaciones sexuales, comunicaciones privadas por cualquier medio, e incluso la situación familiar y financiera”, por lo que admitió que este concepto está relacionado con otros derechos.
Además, la privacidad, está vinculado a otros derechos como “el derecho a la no exteriorización del pensamiento e ideas como parte de la libertad de expresión, por supuesto, el derecho a la libertad de imprenta y de información, que están relacionadas con la vida privada pues constituye un límite al ejercicio de esta libertad”, expuso.
La fiscal especializada en delitos contra periodistas detalló el marco normativo que garantiza el derecho a la privacidad en ´Baja California Sur, que además de los lineamientos federales está vinculada con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado.
Los medios de comunicación con apoyo de las nuevas tecnologías facilitan la información, pero existe una falta de educación digital insistió.
“Los derechos humanos deben vigilar el ámbito físico y digital, ante ello la tarea de comunicar está obligada a respetar la privacidad de las personas” advirtió.
“El derecho a la privacidad debe armonizarse con los avances tecnológicos para evitar que la recolección de información en estas plataformas digitales no represente una violación a la esfera jurídica de las personas”.
Un componente clave es que “la libertad de prensa debe ser defendida, pero se le imponga un límite que la seguridad del periodista sea un hecho y que se pugne por el uso responsable de redes y tecnología y la información”, llamo.