La Paz Baja California Sur.- No habrá escoltas para llegar este martes a sesionar al Congreso de Baja California Sur (BCS) aclaró la diputada Lorenia Lineth Montaño Ruíz, luego de las medidas cautelares otorgadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El acuerdo fue emitido por la misma Sala Superior, dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-724/2020, a peticiones de la legisladora Montaño Ruíz y otros 7 diputados, que se presentarán a sesionar luego de 3 meses.

1.       Se ordena al Congreso de BCS que se abstenga de realizar cualquier acto de violencia y acciones discriminatorias en perjuicio de las personas promoventes.

2.       Los responsables y cualquier miembro del Congreso BCS deberán abstenerse de impedir a la parte actora el ingreso a las instalaciones legislativas.

3.       Se ordena al Gobierno de BCS, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a otorgar medidas de protección a los diputados locales y sus familias, según lo necesario mediante un “análisis de riesgo y plan de seguridad”. Tales como: Asignación de escoltas, vigilancia o protección y otras aplicables.

Estas medidas se otorgaron por el interés superior de la víctima, sin prejuzgar de la “certeza del derecho” ni el fondo del asunto, dice el acuerdo, ni sobre la veracidad de actos de violencia denunciados, por ser materia de una “sentencia de fondo”.

En dicho juicio las y los diputados combaten las sesiones y acuerdos del pleno del Congreso de fechas del 17, 19, 24, 26 y 27 de marzo, así como la “ilegal” suspensión del ejercicio de sus cargos, así como el llamamiento de sus suplentes.

El magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera,  informó que la Sala Superior emitió  “medidas cautelares” aunque señala, que la revisión de medios de impugnación fue delegada a las Salas Regionales, invocan el mismo acuerdo de 2015 para señalar que:

“No obstante, es de advertirse que, en el punto tercero de ese acuerdo, se determinó que las Salas Regionales podrían enviar el expediente a la Sala Superior para que conozca del asunto, si estiman que no está previsto en el acuerdo o por razones relevantes”.

El magistrado ponente informa que la relevancia es aplicable, por tratarse de un asunto con características propias de violencia política en contra de las mujeres en razón de género, lo que reconoció es un “criterio novedoso e inédito”.

“Por las circunstancias particulares del caso,  se relacionan actos de violencia política y violencia política en razón de género que pudiera tener un impacto en el ejercicio de los derechos político-electorales de los actores”, señaló el magistrado.

Inclusive, de acuerdo al documento, los diputados invocaron una solicitud “per saltum”, para que dicha Sala Superior atrajera el caso, ya que decidieron no acudir ante el Tribunal Estatal Electoral (TEE) por haber suspendido labores hasta “nuevo aviso”.

Los actos de violencia denunciados y argumentados por la oposición fueron: 

1.       La sesión del 26 de marzo, luego de ser notificados por la Presidenta de la Mesa Directiva, (Mercedes Maciel) de acumulación de 5 faltas consecutivas y el llamamiento a suplentes.

2.       El inicio y tramitación de juicio político contra promoventes por diversas faltas.

3.       La falta de quórum para las sesiones del Congreso, en violación a la pluralidad política y ausencia de contrapeso, lo que impacta en la aprobación de las reformas a la Constitución.

4.       El cambio de Ley Reglamentaria a Ley Orgánica del Poder Legislativo.

5.       Otros “actos de violencia política” alegados ante el TEPJF, por los cuales solicitaron medidas de protección: por razones de militancia, violencia física, violencia psicológica, violencia digital en medios electrónicos, violencia institucional, violencia por cuestión de género contra 6 diputadas, violencia simbólica.

“El grupo en el poder no cesa de enviar mensajes atemorizantes a través de diversos medios de comunicación (impresos, digitales, radio) en los que se manifiesta de manera reiterada que los promoventes no regresarán al cargo al que fueron electos”, señala la medida.

En entrevista para Diario El Independiente, Lorenia Lineth Montaño Ruíz, ostentándose como presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, dijo que este asunto es “bastante grave”.

“Tan es así que emite que tengamos escoltas, guardas de seguridad para salvaguardar nuestra integridad. De manera personal, comparto con compañeras y compañeros, no estamos pidiendo guardias de seguridad en lo más mínimo, no llegaría a tanto, espero”, dijo la diputada.

“Es una medida opcional en caso de la autoridad competente evaluara, si fuera a mayores. La violencia. De ocupar tranquilamente nuestros puestos”, explicó.

Afirmó que la sesión del próximo martes debe ser convocada por Daniela Rubio Avilés, como presidenta de la Mesa Directiva.

“Lo que en su momento dictó el Tribunal Estatal Electoral [TEE], que si bien se declaró incompetente, deja medidas cautelares en presupuestos, en funcionamiento para no ser molestadas ni violentadas en desempeño de funciones”, dijo la diputada.

“Nos coloca de nuevo en los puestos que teníamos originalmente, porque intentaron un número de diputados a modo, nada más por el hecho de ser una mayoría legislativa o una mayoría simple, legislativa, en la cual hasta las mayorías tienen sus propias restricciones. Si no viviríamos en anarquía total”, explicó.

Por su parte, un especialista en derecho constitucional, dijo para Diario El Independiente que si bien las medidas surten efecto de manera inmediata, esto no contempla las remociones que se dieron el día 6 de marzo en una sesión privada extraordinaria.

Es decir, no se impugnó la destitución de estos diputados y funcionarios, de comisiones y cargos como: Junta de Gobierno y Coordinación Política, Oficialía Mayor, Auditoría Superior del Estado (ASE), Dirección de Finanzas, Dirección de Recursos Humanos, Unidad de Evaluación y Control de la ASE, así como de Igualdad de Género.

“No están impugnados. No son materia los del 6 marzo en el juicio de protección de derechos político electorales del ciudadano que presentaron. En forma originaria se acude al juicio, no como un medio o recurso de impugnación a un procedimiento jurisdiccional”, explicó el abogado.

Por ello concluyó que en su escrito de denuncias, no señalan que Daniela Rubio contravino al pleno cuando intentó suspender actividades del 17 de marzo al 30 de abril, ni sometió a votación alguna su decisión unilateral, lo que le valió la destitución del cargo.