La Paz, Baja California Sur.- El juez Primero de Distrito en Baja California Sur (BCS), Rigoberto González Ochoa, volvió a diferir la audiencia  juicio de amparo 289/2020 para el próximo viernes al mediodía.

En ella se revisaría la suspensión provisional que otorgó desde marzo a la exdirectora de Finanzas del Congreso local, María Francisca Covarrubias Sánchez.

Este mandato judicial ha permitido que 8 diputados suspendidos de funciones, junto con Covarrubias Sánchez, se mantengan en control de la Dirección de Finanzas y el dinero del presupuesto del Poder Legislativo.

Esto incluyendo las oficinas, recientemente “saqueadas” de acuerdo a fotografías obtenidas por Diario El Independiente,  de documentos, computadoras, cajas y muebles del edificio, en las calles Benito Juárez y Dionisia Villarino.

La Secretaría de Finanzas y Administración se negó a dejar de depositarles a “los 8” el presupuesto del Congreso, a pesar de otras suspensiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la controversia constitucional 63/2020, que así lo mandataban.

Lo anterior fue informado por el diputado Carlos José Van Wormer Ruíz y confirmado por fuentes en el equipo jurídico del Congreso ante dicho proceso jurídico.

Explicaron que ante esta actitud del juez, que ha sido reiterada por la pandemia del COVID-19, intervendrá también el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), por el actuar del mencionado juez en “dilatar” procesos correspondientes a los juicios 289/2020 y 302/2020.

“Ya se le dijo al juez que resolviera, que ya no suspendiera. Si no lo hace, ellos mismos van a tomar el caso y en 24 horas nos resuelven. De aquí al viernes 5 de enero se resuelve”, señaló el diputado.

Uno de los asesores jurídicos señaló que no hay fundamento legal para diferir quejas administrativas, lo cual ha sucedido con la suspensión de Francisca Covarrubias.

Por ello el juez cuenta con una queja presentada precisamente porque no tener un fundamento legal para diferirla; además no atendió solicitudes de modificación a la suspensión bajo ningún motivo.

“Con esa solicitud, si mas no recuerdo el artículo 139, dispone la Ley de Amparo que una vez  se den los argumentos y la información suficiente, puede decidir revocarla”, es decir, quedaría firme el nombramiento de Mario Carrillo como nuevo Director de Finanzas.

“El juez no solamente tiene información para revocar suspensión sino información hasta para sobreseer [desechar] el juicio. Pero en sus intereses, en su actuar decidió diferirla de nueva cuenta, utilizando como argumento la no posibilidad de comparecer, de la quejosa”, explicó.

Este argumento resultaría inválido tras el decreto del final de la Jornada Nacional de Sana Distancia, el pasado 31 de mayo, luego del anuncio del gobernador, Carlos Mendoza Davis, quien dispuso que el Poder Judicial volvería a la impartición de justicia el pasado lunes.

“Ni siquiera es válido porque la única participación por parte de los quejosos, es la presentación de alegatos por escrito. No tienen fundamento legal, su justificación es incorrecta y por eso la queja”, explicó.

Además hubo un trato desigual, tras notificar el día 1 de junio a los 4 diputados señalados como autoridades responsables; “lo mismo debieron hacer con la quejosa sin embargo hoy se presentó y no tienen excusa para decir que no se notificó”, dijo el asesor.

“Esperamos que en el transcurso de esta semana el juez pueda modificar la suspensión porque causa perjuicio al interés social, instituciones públicas en este caso el Congreso”, explicó.

Además el juez dio trámite a una queja contra dicha suspensión que revisará un Tribunal Colegiado de Circuito, que consideró, podría cambiar la suspensión por perjudicar el interés social y a la institucionalidad del Congreso.

“La tiene que resolver dentro de las 48 horas, por esa vía estamos esperando que en la semana se solucione el problema de Dirección de Finanzas, de las instalaciones”, explicó el abogado.

El diputado Carlos Alberto Van Wormer Ruíz, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado (ASE), informó que el amparo que solicitó Francisca Covarrubias es un asunto “laboral” y no político, ni jurídico.

“No se puede meter con un Congreso ni su base laboral, eso es tema de nosotros, ella se defendió de 4 diputados no de un Congreso, de un pleno que la destituyó. Por qué,  si nos está mintiendo, le han dado largas”, señaló.

“Lo que decida para no alegar más hacemos una sesión privada y la volvemos a correr, es decisión nuestra y tenemos los votos y ella lo sabe. Es alargar una agonía que ella sabe que va a pasar”, añadió el diputado.

Consideró que el actuar del diputado Rigoberto Murillo Aguilar, ha sido “completamente ilegal” pero advirtió que “si se están aventando el tiro, en su salud lo van a encontrar”.