La Paz, Baja California Sur.- El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) reconoció la existencia de una queja por violación a los derechos de las niñas y los niños presentada por un ciudadano contra el Ayuntamiento de La Paz. 

La denuncia, dijo deberá recibir un trámite, de acuerdo a la ley de la CEDH vigente, renovada por la legislatura pasada en 2017. 

Aún que este es el plazo legal Camargo Cárdenas admitió que hay un importante rezago en la ministración de recomendaciones de la comisión. 

“No se ha emitido una sola recomendación desde que yo asumí el cargo” reconoció. 

Explicó que ello se debe en parte a esta situación es que se ha dado una estructuración de las áreas operativas de la comisión. 

De acuerdo con la Ley General de la Comisión de los Derechos Humanos de Baja California Sur, la visitadora general debe realizar una investigación que permita emitir un proyecto de recomendación o bien desechar la queja. 

Una vez turnada para su aprobación, el Consejo Consultivo de la CEDH deberá dictaminarla y proponer las enmiendas que sean necesarias. 

Finalmente, el consejero presidente deberá firmar la recomendación que, de acuerdo con la Ley, debe ser respondida por el Ayuntamiento. 

De no hacerlo, el Congreso del Estado tendría la facultad de llamar al responsable a dar cuentas y argumentar las razones por las que no hubiera dado respuesta a la posible recomendación. 

Pese al rezago, Elías Camargo Cárdenas, en su capacidad de Ombudspersona asumió la responsabilidad de sacar adelante los trámites de la CEDH, que viene de un turbulento proceso de cambios y aseguró a este reportero su compromiso, con la ciudadanía. 

Expresó que es precisamente en atención a esa situación que lleva un año estructurando los perfiles adecuados al interior de la Comisión y adecuando su normatividad interna, como el reglamento de la visitadora que no existía hasta fecha reciente. 

La queja iniciada por quienes se dicen vecinos de El Manglito se presentó porque, al haber recibido 13 millones de pesos a cambio de un predio en donación para equipamiento urbano, el ayuntamiento negó a las niñas y los niños del barrio la posibilidad de contar con espacios públicos seguros.