La Paz, Baja California Sur.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó una suspensión provisional al gobernador, Carlos Mendoza Davis, para no publicar los decretos del Congreso de Baja California Sur (BCS), en tanto se resuelvan sus supuestos “vicios de nulidad” y “graves perjuicios” a la ciudadanía.

Esto en el expediente de la controversia constitucional 84/2020, que fue admitida por el ministro presidente, Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, quien ordenó fuera “conectada” con los expedientes 54/2020 y 63/2020 ya existentes.

Basándose en lo que narró Mendoza Davis en su demanda, el Alto Tribunal emplazó a los supuestos “dos titulares” de la Oficialía Mayor y de la Mesa Directiva que “existen” al interior del Congreso; esto con el fin de que presenten su contestación en 30 días hábiles.

Por otro lado el gobernador solicitó emplazar como “demandados” a 19 nueve diputados, que forman parte de la XV Legislatura del Congreso, lo cual fue rechazado porque, en todo caso la representación recae en Oficialía Mayor y Presidencia.

“Se requiere al Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, por conducto de quienes legalmente representen a las dos Mesas Directivas que en los hechos desarrollan actividades en ese órgano legislativo estatal”, explica el ministro de la SCJN.

Solicitó el ministro copias certificadas de “todas las sesiones” realizadas desde marzo a la fecha de contestación, así como los decretos y acuerdos legislativos emitidos, documentos relacionados con los actos ya descritos, para su revisión y cotejo.

El gobernador reclamó lo siguiente, con estos argumentos:

1. La invalidez de la Sesión Pública Ordinaria del Congreso de BCS, fecha 17 de marzo del año 2020, en la que, entre otros actos, se destituye a Daniela Viviana Rubio Avilés, presidenta de la Mesa Directiva de la XV Legislatura del Congreso, “elegida” para el periodo del 15 de marzo al 30 de junio de 2020.

2. La invalidez de la Sesión Pública Extraordinaria del Congreso de BCS, fecha jueves 26 de marzo del año 2020, con 12 de los 21 Diputados que conforman la XV Legislatura, en la que, asegura se suspendió indebidamente de funciones a los diputados: Anita Beltrán Peralta, Perla Guadalupe Flores Leyva, Lorenia Lineth Montaño Ruiz, Marisela Pineda García, Elizabeth Rocha Torres, Daniela Rubio Avilés, José Luis Perpuli Drew y Rigoberto Murillo Aguilar. Esto que trae como consecuencia “privarlos de su derecho para asistir” a sesionar lo que aseguró, afecta de manera directa el proceso legislativo y con ello, que las iniciativas y decretos aprobados por estos se encuentren “viciadas de nulidad”, “agraviando” al Gobernador como parte del proceso legislativo.

3. La invalidez de la Sesión Pública Solemne llevada a cabo a las 9:46 de la mañana del 27 de marzo (sic) del año 2020, por 12 de los 21 diputados que conforman la XV Legislatura, en la que se toma protesta a los suplentes: Joan Sebastián Quintino Perea, Alba Josefina Ceseña González, Alma IIdefonsa Payán Solís y Amalia Camacho Álvarez.

4. La invalidez de la Sesión Pública Solemne llevada a cabo a las 12:00 horas del 31 de marzo (sic) del año 2020, por 12 de los 21 diputados que conforman la XV Legislatura, en la que se toma protesta al suplente Gregorio Vega Márquez.

5. La invalidez de la Sesión Pública Solemne llevada a cabo a las 16:08 horas con del 31 de marzo (sic) del año 2020, por 12 de los 21 Diputados que conforman la XV Legislatura, en la que se toma protesta a los diputados suplentes María del Rocío Ventura García y Arely Amador Aldaco.

Con todo lo anterior señaló Mendoza, existe una “afectación directa” a sus facultades y en su narración reitera la “nulidad de todos los actos” de las sesiones que han participado dichos diputados de fechas 6, 17, 26, 27, 31 de marzo de 2020, donde se aprobaron los decretos 2704, 2705, 2706, 2707. 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714 Y 2715; las llevadas a cabo desde la indebida integración del Congreso del Estado de Baja California Sur, y las que se sigan realizando".