La Paz, Baja California Sur.-  Juan Manuel Alfaro Castro, quien hasta el 15 de junio había trabajado como visitador general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) presentó una queja pública asegurando que sus derechos fueron vulnerados por la propia comisión donde e informó de acciones legales luego de que, dijo, fue torturado para ser separado de su cargo.

“El propósito de este mensaje es porque han sido vulnerados mis Derechos Humanos señalando como responsable, tanto al titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos como al administrador general de la comisión” expresó en un video que publicó personalmente en redes sociales y que fue hecho llegar a este medio por una denuncia al interior de la Comisión. 

Todo comenzó el lunes 15 de junio, cuando se le impidió realizar sus funciones laborales “se me impidió entrar a mi oficina para seguir realizando mis funciones”. 

Camargo asegura que sus pertenencias y hasta el escritorio donde despachaba, fueron sacados a la calle luego de que se le impidió acceder a su lugar de trabajo. 

“Es inadmisible que se estén manifestando estas conductas al interior de la institución que debe proteger los derechos de todos los sudcalifornianos”, consideró. 

“Esto me pareció muy delicado y acudí a interponer ante el Poder Judicial una demanda de amparo directo la cual fue admitida”, relató. 

Agregó que un juez federal “emitió el día de ayer una suspensión de plano que mandata que cesen los malos tratos y que me permitan entrar a mi oficina para seguir realizando las funciones inherentes a mi cargo”. 

En entrevista para Diario El Independiente Alfaro Castro confirmó que los dichos en el video son ciertos y agregó que el motivo por el cual ha sido removido de su cargo tiene que ver con un procedimiento irregular por parte del presidente de la CEDH, Elías Camargo Cárdenas y su administrador. 

Además, dijo que ha presentado una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, por “hechos con apariencia de delito que podrían apegarse al tipo legal de tortura”, expresó. 

“El presidente implementó una política muy represiva de intimidación, lacerando y violentando los derechos de la mayoría de los visitadores, puso sobre la mesa contratos laborales ventajosos e injustos y quiso someter a todos a la firma de esos contratos”. 

En su relato dijo que este procedimiento no es apegado al tratamiento que se debe dar a un funcionario público. 

“Él se sigue ostentando como patrón como si estuviéramos en una relación entre particulares y esto no es cierto pues somos servidores públicos, no solo conmigo, sino con todos, yo defendí todo el interés y el derecho al interior de la comisión” agregó para finalizar que este tipo de acciones no deberían de darse por parte de quien debe vigilar los derechos de todos los sudcalifornianos.