La Paz, Baja California Sur.- Luego del conflicto que viven el gobernador, Carlos Mendoza Davis y el Congreso de Baja California Sur (BCS), mediado en 3 diferentes controversias por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se consultó a especialistas jurídicos para dar su opinión.

Esto ocurre inmediatamente después de la suspensión provisional anunciada por el Poder Ejecutivo, en la controversia 84/2020, para la reintegración de los 21 diputados y la reanudación de la sesión del 17 de marzo.

A partir de esa fecha, existen “2 mesas directivas”, según dicen 8 diputados y el gobernador: la de Mercedes Maciel Ortiz, por parte un grupo de 13 y la de Daniela Rubio, por el grupo minoritario, que no reconoce a la anterior.

En dicha sesión, los 13 destituyeron de la del Partido Humanista, luego de que anunciara que por COVID-19, decretaba suspender labores de manera absoluta hasta el 30 de abril, lo que no fue aceptado por la mayoría.

El secretario de la Mesa Directiva, Carlos José Van Wormer Ruíz y Sandra Moreno Vázquez, vicepresidenta, continuaron la sesión al ser esta última la que tomó el lugar de Rubio para luego conducir la sesión a su destitución del cargo directivo, únicamente. Esto ocasionaría un conflicto mayor, posteriormente.

•         No gana nadie, perdemos todos con el conflicto

Por su parte, el abogado penalista Arturo Rubio Ruíz, de Legalidad y Transparencia Sudcaliforniana (Letras), consideró este un conflicto “administrativo interno” que no debió llegar a la SCJN.

“Hay una falta de calidad moral de las partes. El problema que flagela todo esto, es una mala interpretación de un reglamento interno, una Ley Orgánica, que es secundaria a una norma constitucional interna”, dijo el abogado.

“Si los grupos en contienda tuvieran una asesoría jurídica, legal adecuada, eso no hubiera trascendido, un problema doméstico, que debe resolverse a nivel interno, ahora depende de lo que resuelva la SCJN”, dijo Rubio Ruíz.

Dijo que la reciente suspensión otorgada al gobernador, en la controversia 84/2020, para la reintegración del Congreso es la muestra de cómo “interviene” en el conflicto aunque reiteró, “no debería hacerlo”.

“Abiertamente intervino en este conflicto jurídico que no debiera hacerlo. Lo que hará la SCJN es retrasar lo más posible la solución. La corte está para asuntos de trascendencia nacional”, añadió también.

Explicó que luego de “retrotraer” la sesión del 17 de marzo para la reanudación de la XV Legislatura, había una “gran oportunidad” de resolver el problema sin un juicio de fondo.

“Es una oportunidad para que se sienten y negocien. Si un grupo dice que tiene mayoría, que lo haga valer. Si tiene otro razón, que lo haga valer pero con argumentos y mesas de negociación, no de arranques autoritarismo de los 2 grupos”, dijo el abogado.

Sobre cómo ejecutaron la suspensión cada grupo el pasado jueves, opinó: “No pueden decir [el grupo de los 8] a mí no me han notificado, no puedes decir que no conoces el asunto cuando estás un día antes anunciando que ya estabas enterado. Pero los otros [13] no pudieron decir que cumplieron, porque pudieron convocarlos de manera abierta”, dijo.

“Eso no es una mediación están empecinados en ganar y ninguno de los 2 grupos va ganar todos vamos a perder”, advirtió.

Consideró que, ambos grupos, han logrado 3 resoluciones de la SCJN con “verdades parciales”, lo que ha ocasionado que el Alto Tribunal haya resuelto “de manera contradictoria”.

“Da a entender que no va a entrar al fondo del asunto hasta el final. La corte pudo resolver en 1 sola determinación, improcedencia porque la sesión fue legal o si no, la suspensión legal, la reanudación legal”, explicó.

“La esencia de conflicto es técnicamente una cuestión administrativa, si la solución jurídica se puede plasmar en un solo acuerdo. La corte no quiere, va a alargar y obligar a las partes a que resuelvan”, finalizó. 

Un estado no puede vivir sin Congreso, dijo el abogado, pero considero que ya tiene 3 meses “sin” Poder Legislativo y con un rezago de trabajo “espantosísimo”.

Advirtió que “varios grupos del poder” alistan ya recursos “amicus curiae” para intervenir en los juicios del Congreso; el objetivo será “abrir la posibilidad a terceros” que no son parte, que poseen un interés demostrable y justificado en la resolución, a promover voluntariamente una opinión con elementos jurídicamente trascendentes, al momento de que la SCJN resuelva.

No habrá inmunidad procesal en caso de que la SCJN determine inhabilitar alguno de los involucrados basándose en los preceptos de la Constitución Mexicana.

“Si la corte te inhabilita, te denuncia, no se requiere juicio de procedencia, la inhabilitación de la inmunidad procesal para que se proceda penalmente contra, quien así sea sancionado”.

•         ¿Se destituyó a Daniela Rubio como presidenta de forma correcta?

Finalmente, Diario El Independiente tuvo contacto con abogados que prefirieron reservar su identidad para evitar posibles represalias por sus dichos.

Opinaron que la diputada Daniela Rubio Avilés, fue debidamente sustituida desde el pasado 17 de marzo, lo cual fue demostrado luego de la suspensión lograda por el gobernador.

Luego de que los 13 diputados repitieron la sesión y repitieron la destitución tras la ausencia de Rubio Avilés, el abogado dijo que se demuestra que nunca hubo 2 mesas directivas.

Explicó que el diputado de Morena, Humberto Arce Cordero, solicitó a la diputada Daniela Rubio poner a consideración de la asamblea la suspensión de labores por el COVID-19 conforme al artículo 42 de la Ley Reglamentaria, pero ella se negó.

“Todas las determinaciones de trámite de la presidencia las puede reclamar cualquier diputado, sometiéndose el caso, de ser necesario a la decisión del Congreso”, dijo el jurista.

“El gobernador no dice a la SCJN que la suspensión del día 17 de marzo no se decretó. Se votó y se rechazó. Ahí están los videos en CongresoAhora de la sesión”, dijo el abogado.

Dijo que con esa intervención, Daniela Rubio no tenía por qué retirarse y llevarse la campana del Congreso de BCS, luego de que el morenista intervino.

“Además el artículo 87 de la Ley Reglamentaria, dice que durante un periodo ordinario no se podrá suspender más de 1 semana, salvo acuerdo de asamblea”, señaló.

“Se levanta Daniela, no escucha a nadie, sale corriendo. Inmediatamente la vicepresidenta, Sandra se levanta de su lugar, toma el lugar de presidencia y dice: con fundamento en el artículo 44, por ausencia de presidenta asumo las funciones someta a consideración y la revisión del quórum”, explicó.

Por ello consideró que de manera correcta fue nombrada Mercedes Maciel Ortiz del Partido del Trabajo (PT) el día 17 de marzo de 2020, sin perjuicio a los derechos de Daniela Rubio.