La Paz, Baja California Sur.- No hubo reacción del gobernador, Carlos Mendoza Davis, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Gobierno de Baja California Sur (BCS) promulgar decretos del Congreso, ya que no publicó ninguno en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado (BOGE) de ayer.

Esto a pesar de que el Alto Tribunal negó al mandatario su petición de impugnación a la suspensión provisional, en la controversia constitucional 63/2020, promovida por diputados contra su decisión anunciada por Facebook, de no ejecutar ninguno de sus acuerdos.

El ministro Alberto Pérez Dayán, ministro de la SCJN, consideró no ha lugar sus argumentos jurídicos y fueron desestimados, por lo que quedaron firmes los mencionados acuerdos de suspensión emitidos desde el pasado 27 de abril.

El Poder Ejecutivo respondió acusando problemas de “legalidad” y “gobernabilidad” en el Congreso y se mantuvo la negativa a publicar decretos de una autoridad que, consideró, no está legalmente constituida y advirtió de “graves consecuencias para los ciudadanos”.

El ministro consideró que “lo argumentado” son aspectos que no pueden ser materia de estudio en la suspensión, sino que esto será parte de la sentencia definitiva que se dictará después; por lo tanto, le advirtieron que no procede y debería publicarlos.

Hubo negativa para la revocación solicitada por el Gobierno del Estado desde el pasado 14 de mayo y esta fue dada a conocer por diputados del Congreso, en conferencia de prensa del 15 de mayo.

Advirtieron que dichas suspensiones tienen efectos inmediatos hasta el día en que se dicte una sentencia definitiva.

Mercedes Maciel Ortiz, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de BCS, señaló en dicha conferencia que será la propia SCJN la que determine, si es necesario, enviar el expediente al Senado de la República para juicio político contra el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Se encuentran “congelados” al menos 19 decretos aprobados por el Congreso local, correspondientes a nuevas leyes, reformas e inclusive herramientas presupuestales para combatir la pandemia del COVID-19.