La Paz, Baja California Sur.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó las impugnaciones promovidas por el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, contra suspensiones provisionales de las controversias 63/2020 y 64/2020 logradas por el Congreso de Baja California Sur (BCS).

El mandatario panista y su Secretario de Finanzas y Administración, Isidro Jordán Moyrón, presentaron argumentos contra promulgar los decretos emanados del Congreso y por otro lado, respondieron a la denuncia de no depositar el presupuesto en las cuentas recientemente establecidas en BBVA.

No obstante el ministro Alberto Pérez Dayán, ministro de la SCJN, consideró no ha lugar sus argumentos y fueron desestimados, por lo que quedaron firmes los mencionados mandatos emitidos desde el pasado 27 de abril.

En la controversia 63/2020, el Poder Ejecutivo respondió acusando problemas de “legalidad” y “gobernabilidad” en el Congreso y se negó a publicar decretos de una autoridad que, consideró, no está legalmente constituida y advirtió de “graves consecuencias para los ciudadanos”.

El ministro consideró que “lo argumentado” son aspectos que no pueden ser materia de estudio en la suspensión, sino que pertenece al fondo del asunto, parte de la sentencia definitiva que en su oportunidad se dictará; por lo tanto, no procede y debe publicarlos.

En la controversia 64/2020, el Poder Ejecutivo solicitó revocar la suspensión, ya que desde su punto de vista, “no existe” el acto reclamado y señala que las ministraciones del recurso del Congreso “jamás” han sido interrumpidas, suspendidas o retenidas.

El ministro consideró que sus argumentos “no constituyen un hecho superveniente”, es decir, no cambian el estado jurídico de la demanda que se entabló, con la relatoría de hechos sucedidos en el Congreso dada por el gobernador, que no fueron posteriores al juicio.

Ambas negativas de revocación a las suspensiones fueron emitidas el pasado 14 de mayo y fueron dadas a conocer al día siguiente por diputados del Congreso de BCS en conferencia de prensa el pasado 15 de mayo.

Dichas suspensiones tienen efecto inmediato hasta el día en que se dicte una sentencia definitiva por el Alto Tribunal, sobre cada controversia interpuesta y admitida; sin embargo, los legisladores negaron que estas hayan sido cumplidas.

Mercedes Maciel Ortiz, del Partido del Trabajo (PT), presidenta de la Mesa Directiva informó que para la primera quincena de mayo, el gobernador no depositó el dinero del Congreso en sus cuentas ni publicó los 13 decretos pendientes, por lo tanto consideró un posible desacato a las resoluciones, incluso posterior a ser desechadas sus impugnaciones.

Ante estos posibles desacatos, Maciel señaló que será la propia SCJN la que determine si es necesario enviar el expediente al Senado de la República, para dar apertura a un juicio político contra el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

“Si no cumple, la Corte será la que inicie el proceso, no cumplir o desacatar ordenamientos de la SCJN es algo muy grave. Es nuestro máximo órgano jurídico, si el ejecutivo aun así, si no deposita, vamos a seguir con el trámite”, dijo la diputada.

“Uno de esos procedimientos para alguien, cualquier funcionario,  no nada más gobernador que no cumpla, la constitución, que viole, violente otro poder, atente nuestra democracia uno de los procedimientos es el juicio político”, finalizó.