La Paz, Baja California Sur.- María Petra Juárez Maceda y María Rosalba Rodríguez López, diputadas de Morena en el Congreso de Baja California Sur (BCS), dijeron haber denunciado al gobernador panista, Carlos Mendoza Davis, por violencia política contra la mujer.

Para ello dijeron haber acudido ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) que pertenece a la Fiscalía General de la República (FGR), después de que el mandatario no ha ministrado presupuesto para ejercer sus funciones por 2 meses.

Durante la sesión pública ordinaria virtual del martes 19 de mayo, las legisladoras dijeron importante impedir que se restrinjan sus derechos “impunemente”, mismos que fueron logrados gracias a la lucha de muchas mujeres “que nos antecedieron”, dijo Rosalba Rodríguez.

Expuso que la actual legislatura está integrada por 12 mujeres y 9 hombres, una conformación inédita, por lo que dijo que dejarla sin recursos es una “grave infracción” al negarse a publicar decretos, leyes y acuerdos en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado (BOGE).

Aseguró que este “veto” indefinido, también restringe sus derechos a ejercer el cargo para el cual fueron electas, por lo que presentaron una violencia política contra las mujeres en razón de género, que dijeron debe erradicarse.

Coincidieron en que BCS cuenta con un rezago histórico en el otorgamiento de derechos a la mujer, por lo que consideraron este “nuevo obstáculo” para ejercer su cargo, violatorio a las percepciones que tienen derecho y que, dijeron, son suspendidas desde mediados de marzo.

Recalcó que esto ya está tipificado como el delito “Violencia política en razón de género”, dentro de la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 13 de abril.

“ARTÍCULO 20 Ter.- La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas: […] XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad […] XX. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad”, señala el decreto.