Cabo San Lucas (CSL), Baja California Sur.- Inundan redes sociales fotografías de supuestos apoyos en especie a familias de Los Cabos que se encuentran en crisis económica por la Pandemia de COVID 19. 

Ya sea a través de las páginas oficiales del Ayuntamiento de Los Cabos, Gobierno de Baja California Sur y del Gobierno de México, prepondera la imagen de ayuda a quienes más lo necesitan, pero la realidad “de banqueta”, es completamente distinta. 

La mayoría de los apoyos a familias vulnerables ha sido de parte de asociaciones civiles, grupos cívicos y cámaras empresariales, quienes se unieron para contribuir mientras pueda ser posible regresar a las actividades económicas. No así, de los actuales funcionarios en turno, quienes hace dos años,en el marco de una histórica campaña electoral, que demostró que miles ciudadanos, no supieron ni por quienes votaron, hoy se olvidaron, de ese “golpe de suerte”. 

“Ya no están, ni vienen. No sé dónde se toman la foto, porque en la colonia no es, aquí hasta una barda les pusimos, pero ya se olvidaron de nosotros. Lo malo es que ya se olvidaron que nosotros confiamos en ellos, pero no lo volveremos a hacer el próximo año”, sentenció la señora Ana María Mederos, vecina de la colonia El Caribe Bajo. 

Con las medidas de precaución de la Jornada de Sana Distancia, Diario El Independiente visitó algunas de las zonas de invasión y asentamientos irregulares, donde cientos de familias esperan que sus gobernantes les ayuden a pasar la contingencia. 

“Nos piden que hablemos a un número de teléfono. Ya ni saldo tenemos, algunos hasta vendieron su celular, lo empeñaron. Luego otros que entremos a la computadora, al internet. ¿Es en serio? parece burla”, continuó la vecina que se acercó al equipo de este informativo. 

Se estima que en el municipio de Los Cabos, alrededor de cuatro mil familias viven en condiciones deplorables sin servicios básicos como agua potable y alcantarillado, la mayoría invadiendo terrenos sin certeza jurídica y bajo el yugo de líderes de colonias, siempre defendidos por autoridades gubernamentales, los mismos que permiten la proliferación de asentamientos irregulares.