La Paz, Baja California Sur.- Tras la cuarentena por COVID-19, se anunció el regreso al trabajo de los 3 niveles de gobierno de Baja California Sur a partir del primero de junio (BCS) por el gobernador, Carlos Mendoza Davis; esto, reactivará al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y los juzgados federales.

Los llamados “tiempos procesales” volverán a correr de manera normal, por lo que diversos conflictos judiciales que se encuentran pausados desde mediados de marzo, se reanudarán luego de la Jornada Nacional de Sana Distancia.

“Se autoriza a los 3 niveles de gobierno reanudar labores a partir del 1 de junio, incluyendo la impartición de justicia, de acuerdo a sus necesidades y capacidades, privilegiando horarios escalonados, trabajo a distancia”, señaló en su mensaje el gobernador.

“Protegiendo la salud de los adultos mayores y trabajadores de alto riesgo. Se deberán cumplir, sin excepción, los protocolos preventivos que han sido aprobados y que serán difundidos”, añadió Mendoza Davis.

Explicó que las medidas de distanciamiento social vigentes a la fecha, permanecerán hasta el 15 de junio; con ello su mensaje se basó en una próxima reapertura, “pongamos lo que a cada quien toca para salir adelante”, pidió.

Cabe recordar que Daniel Gallo Rodríguez, magistrado presidente del TSJE fue denunciado por usurpación de funciones públicas por el abogado Jesús Rubio Ruíz, bajo la carpeta de investigación LPZ/2722/2020/NUC.

“Fue electo para un periodo constitucional de 3 años. Lleva 8 años en el cargo, y pretende seguir ejerciéndolo, sin estar legitimado para ello. Es una vergüenza nacional el record que tiene el Tribunal de Justicia Estatal sudcaliforniano”, dijo el denunciante.

“En lo que va del presente siglo todos los que han presidido el tribunal, los hemos tenido que sacar a empujones, porque ha sido la constante el querer perpetuarse en el encargo”, añadió.

Explicó que tras la denuncia penal, contra quien se ostenta y ejerce dichas funciones, es viable porque su nombramiento “feneció en abril pasado” y pese a ello, sigue “ostentándose, actuando y cobrando” como magistrado presidente.

“Los ciudadanos tenemos la obligación de denunciar los hechos de corrupción. Ahora corresponde a las autoridades persecutoras hacer lo conducente”, dijo el abogado.

Además en el Congreso de Baja California Sur (BCS) el conflicto podría llegar a su fin en caso de resolverse los juicios de amparo indirecto 302/2020 y 289/2020, en manos de Rigoberto González Ochoa, Juez Primero de Distrito, quien concedió suspensiones a extitulares administrativos.

En los autos, el representante del Poder Judicial Federal concedió a Luis Martín Aguilar Flores como oficial mayor y a María Francisca Covarrubias Sánchez, documentos con efectos para “seguir fungiendo” como titulares de los cargos mencionados a pesar de su destitución por 13 diputados.

Los mencionados procesos judiciales han sido la principal razón por la que la Secretaría de Finanzas y Administración (Secfin) del Gobierno de BCS, se negó a cambiar las cuentas para depositar recursos a los diputados titulares del Congreso.