A pesar de resoluciones de SCJN y TEPJF, la dirigente Gabriela Cisneros Ruíz dijo necesario parar el conflicto con unidad y responsabilidad
La Paz, Baja California Sur.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) hizo un llamado al Congreso de Baja California Sur (BCS) a superar con “diálogo” las diferencias entre los 21 diputados que iniciaron la XV Legislatura, incluyendo a los 8 suspendidos por acumulación de faltas injustificadas.
La dirigente estatal, Gabriela Cisneros Ruíz, dijo que la prioridad y urgencia del Poder Legislativo debe ser la atención a la emergencia sanitaria por el COVID-19, dadas sus afectaciones en sectores como salud, economía, educación, seguridad y bienestar.
“Que prevalezca el compromiso de la ciudadanía en este momento tan crítico para las familias, así como en lo subsecuente a que las legisladoras reorienten el trabajo en favor del pueblo que los eligió y a quienes representa”, expresó la dirigente.
Dijo necesario acordar con ellos, a pesar de que fueran desechadas las impugnaciones de Daniela Rubio, diputada suspendida de funciones, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tras su destitución, entre otros cargos, de la presidencia del Congreso.
“A la fecha se han emitido resoluciones, sin embargo es de pleno conocimiento que hay por demás procedimientos a implementarse para extender los tiempos y continuar en esta situación lamentable y crítica que acontece en el Poder Legislativo Local, en lo político y constitucional”, dijo la líder priista.
Calificó “deplorable” la posibilidad de que los diputados lleguen hasta las últimas consecuencias en sus pugnas legales por el control del Congreso BCS; dijo importante que se garantice el trabajo legislativo de los 21 representantes de la población.
Se pronunció en contra del uso de la fuerza pública, de la violencia, de las ofensas, despojos, ilegalidades, intromisiones con dolo y sin mesura, dado el conflicto por la Dirección de Finanzas, que los 8 diputados suspendidos mantienen bajo su control.
“Esos recursos públicos que son obtenidos por medio del esfuerzo y trabajo de los sudcalifornianos, es una exigencia que se utilicen para legislar y en beneficio del estado, no es permisible que se laceren la leyes, la política, los valores y la democracia”, señaló.
“La solicitud y demanda es reiterada, no se requieren agresiones, ilegalidades, acciones aisladas ni protagonismos, sino el actuar pleno y absoluto del Honorable Congreso en las necesidades que imperan”, finalizó.