La Paz, Baja California Sur.- Se negó la Secretaría de Finanzas y Administración (Secfin) del Gobierno de Baja California Sur (BCS) a cambiar las cuentas para depositar recursos del Congreso, al argumentar suspensiones provisionales que impiden cambios administrativos en el Poder Legislativo.

Isidro Jordán Moyrón, titular de la dependencia, dijo imposible acatar el acuerdo de la XV Legislatura del pasado 7 de abril, para la terminación de su cuenta con Banorte el pasado 7 de abril, tras permitir a un diputado suspendido y una exdirectora seguir gastando recursos.

El secretario dijo que no puede depositar a las nuevas cuenta, debido a que mediante los juicios de amparo indirecto 302/2020 y 289/2020, respectivamente, el Juez de Primero de Distrito concedió suspensiones provisionales a Luis Martín Aguilar Flores como oficial mayor y a María Francisca Covarrubias Sánchez, como Directora de Finanzas.

Aguilar Flores fue “nombrado” como oficial mayor por 2 diputadas en rebeldía, quienes no reconocen a Mercedes Maciel del Partido del Trabajo (PT) como presidenta de la Mesa Directiva; mientras que Francisca Covarrubias Sánchez fue destituida de la Dirección de Finanzas en una sesión privada extraordinaria de fecha 6 de marzo, con el voto de 13 de 21 diputados.

Por ello el integrante del gabinete del gobernador, Carlos Mendoza Davis, negó al diputado Héctor Ortega Pillado, nuevo presidente de la Comisión de Cuenta y Administración, acatar esta y cualquier otra petición administrativa hasta que no se resuelvan dichos juicios de amparo.

“Me permito hacer de su conocimiento que en esta Dependencia se han recibido comunicados remitidos por los CC. Luis Martín Aguilar Flores y María Francisca Covarrubias Sánchez, quienes se ostentan como Directora de Finanzas y Oficial Mayor, ambos del Congreso del Estado”, expresó.

“Señalan que promovieron juicios de amparo indirecto 302/2020 y 289/2020 respectivamente, ante el Juez Primero de Distrito en el Estado, quien le otorgó a ambos la suspensión provisional con efectos para seguir fungiendo como titulares de los cargos mencionados y ordenando mantener la situación jurídica y administrativa”, escribió Jordán.

Expuso que de lo contrario, estaría incurriendo en un delito al desacatar la Ley de Amparo, por lo que dijo estar “imposibilitado” de atender al diputado morenista “en tanto no sean resueltos los respectivos juicios de garantías”.