La Paz, Baja California Sur.- Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llegará la negativa del gobernador, Carlos Mendoza Davis, a publicar decretos, acuerdos y leyes que emanen del Congreso de Baja California Sur (BCS) en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado (BOGE).

Informó Mercedes Maciel Ortiz del Partido del Trabajo (PT), presidenta de la Mesa Directiva, que mediante una controversia constitucional, además buscan que la corte resuelva sobre la intervención del Poder Ejecutivo y la violación a su división constitucional.

Esto además resulta violatorio de los artículos 6 y 7, de la Ley del Boletín Oficial del Gobierno de BCS, que señala que el boletín es “permanente” y que el gobernador está “obligado” a publicar los decretos del Congreso y otras instancias.

Reiteró la petista que es falso que haya “dos Mesas Directivas (sic)”, ya que esto va contra la Constitución Política de BCS, pero dijo que existe desconocimiento de la mesa por parte de 8 diputados suspendidos, quienes dijo, perdieron mayoría para tomar decisiones.

Aseguró que la SCJN ha aceptado revisar este caso tras presentar “pruebas” de que el gobernador, Carlos Mendoza Davis, intervino con la Policía Estatal Preventiva (PEP) tras diversas destituciones cuando “sus diputados” perdieron la mayoría.

“Inclusive la Suprema Corte mandató que se retirara la fuerza pública que nos habían enviado. Están por resolvernos, pronto harán seguramente, sobre el reconocimiento de las autoridades del Congreso para que mandaten y se respete a quien tiene la legalidad”, dijo Mercedes Maciel.

Humberto Arce Cordero dijo que no hay otro gobernante desde Victoriano Huerta, que haya determinado en la historia de México “desconocer” a un Congreso, como hizo Mendoza Davis a través de un video en la red social Facebook.

Dijo que solicitarán que el gobierno evite utilizar el BOGE de manera discrecional, como es “no apegarse” a su ley que señala que deberá procurarse la publicación de los decretos del Poder Legislativo y los Ayuntamientos.

“Es desafortunado haber hecho público una cosa que toda la sociedad veíamos. Que no está de acuerdo con la conformación de este Congreso, sin embargo, está cometiendo una falta de respeto a la división de poderes”, agregó.

Pero aclaró que la controversia ante la SCJN no se trata de determinar “quién tiene la razón” entre 13 u 8 diputados; aclaró que esto ya se sabe desde el momento en que la mayoría de diputados sigue tomando decisiones como una asamblea.

“En esa parte del video [el gobernador] miente. Presentamos pruebas de intromisión por parte del Ejecutivo, por la fuerza pública, por el uso del Boletín Oficial y al hacerse de ojos ciegos, oídos sordos de no veo, no escucho y no reconoce al Congreso del Estado”, finalizó.

Cabe señalar que las diputadas suspendidas de funciones, Lorenia Lineth Montaño Ruíz y Daniela Viviana Rubio Avilés (quienes todavía se ostentan como presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y presidenta de la Mesa Directiva, respectivamente) no respondieron a la solicitud de entrevista para Diario El Independiente.