La Paz, Baja California Sur.- Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llegó la negativa del Gobierno de Baja California Sur (BCS) a depositar el presupuesto del Congreso en sus nuevas cuentas bancarias, mediante una controversia constitucional.

En el recurso interpuesto por el Poder Legislativo contra el Ejecutivo, los diputados solicitan en carácter de “urgente” que el máximo tribunal suspenda la decisión arbitraria del Gobernador de “no ministrar” al Congreso su presupuesto.

“Se impide el cobro de a dieta correspondiente y sus complementarios para la realización del trabajo legislativo que corresponde a los diputados de la XV Legislatura, así como la adquisición de materiales y suministros para la celebración de las sesiones públicas”, informan a la corte.

“Ante estas graves situaciones del Poder Ejecutivo local que subordinan al Poder Legislativo, nos pronunciaremos en petición expresa sobre la suspensión del acto cuya invalidez se reclama”, expresaron además.

Dicho recurso fue interpuesto el 23 de abril del presente, después de que Isidro Jordán Moyrón, titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (Secfin), dijo “imposible” depositar a las nuevas cuenta, citando los juicios de amparo indirecto 302/2020 y 289/2020.

Estos fueron concedidos por el Juez de Primero de Distrito, Rigoberto González Ochoa, tras otorgar suspensiones provisionales a Luis Martín Aguilar Flores, como oficial mayor y a María Francisca Covarrubias Sánchez, como Directora de Finanzas.

Jordán Moyrón negó al diputado Héctor Ortega Pillado, nuevo presidente de la Comisión de Cuenta y Administración, acatar esta y cualquier otra petición administrativa hasta que no se resuelvan dichos juicios de amparo.

“Le otorgó a ambos la suspensión provisional con efectos para seguir fungiendo como titulares de los cargos mencionados y ordenando mantener la situación jurídica y administrativa”, escribió Jordán.

Expuso que de lo contrario, estaría incurriendo en un “delito” al desacatar la Ley de Amparo, por lo que dijo estar “imposibilitado” de atender al diputado morenista “en tanto no sean resueltos los respectivos juicios de garantías”.