Definitivamente el Congreso del Estado se encuentra en un verdadero dilema donde los dimes y diretes están a la orden del día y donde las partes reclaman tener la razón jurídica de su lado, por ello está claro que será necesario entrar de inmediato a las comprobaciones, declaraciones, auditorías y sustentos legales para que con papel en la mano sea más claro para la población quién o quiénes respetan o violan la ley. 

No es posible que solo existan señalamientos entre los legisladores sin que tengan los documentos que sustenten sus respectivas posturas que una vez más los confronta al interior con el fin de controlar las decisiones de este poder legislativo obviamente con el consabido trasfondo político que implica el hecho de que este 2020, es definitivamente un año político preelectoral en donde todo puede ser sumado o restado según sea el caso, al interior de los diferentes partidos políticos con miras a la contienda del 2021. 

Las diferencias entre los diputados no son nuevas, pero el pasado viernes los legisladores que integran la fracción parlamentaria “juntos Haremos Historia” se reunieron con integrantes de la fracción parlamentaria de Morena y tomaron decisiones. 

No solo destituyeron a funcionarios del área administrativa del Congreso que incluyó al oficial Mayor, sino que además relevaron de la presidencia de la junta de gobierno y coordinación política a la diputada Lorenia Montaño que apenas dos días antes había tomado protesta en el cargo luego de sustituir a la diputada Perla Flores. Ambas son legisladoras del Partidos Encuentro Social. 

La medida tomada por trece diputados en total, fue rechazada de inmediato por el resto de los legisladores encabezados por la presidenta de la diputación permanente la panista Elizabeth Rocha quien ayer domingo encabezó una conferencia de prensa acompañada por las diputadas, Perla Flores y Lorenia Montaño, así como la perredista Maricela Pineda, la priista Anita Beltrán, la humanista Daniel Rubio y de los diputados José Luis Pérpuly y Rigoberto Murillo, quien aún está en duda su presidencia de la comisión de cuenta y administración donde espera se le haga una auditoría sobre su actuar en esa posición. 

El tema de fondo es que ambas partes dicen tener la razón jurídica por lo que habrá que esperar cómo se desenvuelve y se destraba esta situación que amenaza con iniciar un nuevo periodo ordinario de sesiones el próximo domingo 15 de manera muy accidentada. 

Obviamente se tendrá que llegar finalmente a algún tipo de acuerdo en donde todos los diputados puedan desempeñar su labor sin que se presenten estas confrontaciones que pueden llevar al fracaso la labor legislativa. 

Vale decir que ya faltan diez meses para el inicio formal del proceso electoral con miras a la renovación de alcaldías diputaciones federales y locales, así como la gubernatura, lo que podría estar en el fondo en esta nueva circunstancia que presenta el poder legislativo sudcaliforniano. 

Acusaciones y señalamientos puede ser la tónica de este periodo en el que hay una verdadera disputa por la mayoría y la toma de decisiones en un congreso estatal que amenaza con ser uno de los más álgidos de la historia legislativa local. 

Por supuesto están los antecedentes de 1993 cuando los diputados panistas tomaron las instalaciones del Congreso estatal precisamente por no estar de acuerdo con las medidas políticas tomadas por el entonces gobierno estatal priista que encabezaba el hoy desaparecido Víctor Liceaga, aunque finalmente se aceptó la victoria electoral del también priista Guillermo Mercado Romero. 

Está claro que no es la primera vez que en el poder legislativo existen fuertes diferencias que incluso han obligado la intervención de las autoridades policiacas. 

Este lunes las mujeres ha decidido solidarizarse con el movimiento feminista, “el nueve nadie se mueve” aunque para hoy se espera que los legisladores encabezados por Ramiro Ruiz, Humberto Arce y Héctor Ortega Pillado, den posesión a los nuevos funcionarios nombrados el pasado viernes, y que de antemano los diputados encabezados por Elizabeth Rocha, Lorenia Montaño y Daniela Rubio Avilés, afirmaron que estos nuevos nombramientos no tienen validez. 

Ya veremos qué sucede este inicio de semana, a seis días de arrancar el nuevo periodo ordinario de sesiones. Ya veremos.