La Paz, Baja California Sur.- Cerca de 200 ciudadanos marcharon en Todos Santos, Baja California Sur (BCS) exigiendo el cierre definitivo de una huerta por el uso de agroquímicos tóxicos cerca de la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla.

También se unieron a la marcha los alumnos del jardín de niños Asunción González, que quienes junto a sus padres exigieron sacar las actividades agrícolas de la zona habitacional por los fertilizantes que ahí utilizan.

"No pedimos nada fuera de lugar, cada vez que son campañas políticas vienen y buscan nuestro apoyo, que vengan a servir, se supone deben trabajar por el bienestar de la comunidad", dijo Cinthya Agúndez, madre de familia.

"No un acuerdo de saliva, queremos el cierre definitivo de estas huertas, Todos Santos quiere aire libre limpio de químicos", añadió ante los aplausos de los asistentes.

El recorrido se realizó desde la mencionada escuela primaria hasta el sembradío, para posteriormente trasladarse a la Casa Ejidal, para exigir la atención del comisariado David Torres por permitir la operación de la huerta en sus terrenos.

Durante un lapso de 40 minutos se mantuvieron en el lugar esperando ser atendidos, cuando por decisión del grupo de manifestantes decidieron retirarse y colocar sus carteles en el cerco del lugar, para exigirle retirar el uso de agrotóxicos cerca de sus hijos. 

Jesús Cristo Cota Pimentel, padre de familia señaló que dicha huerta y sus propietarios obtuvieron un amparo en contra de la clausura que emitió la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, sin tomar en cuenta las consecuencias a su salud.

El campo sigue operando a pesar de que el pasado 14 de febrero fueron clausuradas las actividades del bien inmueble con clave catastral 1-03-092-0001 utilizado para la siembra de chile; esto por no tener uso de suelo “agrícola” en su ubicación en una zona de uso “habitacional-residencial turístico”.

Padres de familia de la escuela, previamente habían señalado al huerto de ocasionar daños a los niños por el uso de agroquímicos prohibidos bajo el amparo del poder, con autoridades indiferentes ante posibles daños al “interés superior del menor”.

A pesar de que la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) no reconocen los resultados de un estudio en poder de los manifestantes, ellos aseguran que 12 estudiantes fueron contaminados con dicloro difenil tricloroetano (DDT).