• No representa peligro para la comunidad, aduce; la defensa hará otra propuesta
Nueva York. La solicitud de libertad
bajo fianza de un millón de dólares del ex secretario de Seguridad Pública de
México, Genaro García Luna, fue negada ayer por un juez federal en Nueva York,
aunque en su fallo dejó abierta la posibilidad de contemplar nuevas solicitudes
en el futuro.
El juez magistrado Robert Levy
consideró que el paquete de fianza ofrecido por García Luna no
era suficientemente fuerte ya que los garantes –que entre ayer y hoy
se incrementaron de cuatro (incluyendo la esposa) a 10– no estaban colocando
propiedades y otros bienes como respaldo en su papel como fiadores. Indicó que
una propiedad valorada en 1.2 millones de dólares, que es el único respaldo
para la fianza de un millón de dólares, era del acusado, y por lo tanto no era
un disuasivo suficiente de una potencial fuga.
Pero el juez subrayó
que éste no es un caso fácil y que no se trata de alguien que
represente un peligro para la comunidad si es liberado y, por lo
tanto, que su decisión no implicaba que ningún paquete era aceptable.
Por ello, el abogado defensor
César de Castro indicó a reporteros, al concluir la audiencia, que el juez
había dicho que existe una posibilidad para una fianza y procederá
para preparar una nueva propuesta más fuerte próximamente. Argumentó
durante la sesión que entre los garantes está un ex agente de la FBI que le
dijo estar dispuesto a apoyar con lo que pueda a García Luna, ya que trabajé
con él y es un buen hombre.
De Castro rechazó el argumento de
la fiscalía acerca de que existe un grupo de poderosos funcionarios
mexicanos corruptos que buscarían ayudar a García Luna, afirmando: no
sé de qué están hablando, y que no han identificado a nadie, y nadie nos
está ayudando. Comentó que su cliente estaba preparado para esto y
que sigue luchando.
Por el lado de la fiscalía se
reiteraron los argumentos de que los garantes parecen ser empleados de García
Luna y que no cuentan con suficientes recursos para respaldar el monto de la
fianza. Más aún, las propiedades del propio acusado podrían ser abandonadas por
él si decide fugarse ante la posibilidad de pasar el resto de su vida en
la cárcel, y porque supondría que serían confiscadas por las autoridades estadunidenses
si es enjuiciado y condenado en aquel país.
El gobierno insistió en que el
acusado representa un riesgo de fuga inaceptable ya que cuenta
con una red de ex funcionarios corruptos (mexicanos) quienes son sus
co-conspiradores. No se identificaron sus nombres y es la primera vez que se
empleó esa frase, provocando especulación de que podría haber cargos ya
formulados contra otros que trabajaban o conocían a García Luna.
En la segunda sesión para la
petición de libertad bajo fianza mientras García Luna aguarda su juicio –aún no
programado– por cargos de colaborar con el cártel de Sinaloa a cambio
de sobornos, el acusado estaba al lado de su abogado ante el juez en su
uniforme de prisionero.
Los cargos que enfrenta García
Luna son que mientras ocupaba altos puestos de gobierno de 2001 a 2012,
recibió decenas de millones de dólares en sobornos
del cártel de Sinaloa a cambio de otorgar protección a sus
actividades, incluyendo el traslado de drogas, proporcionar información sobre
investigaciones del cártel por agencias de seguridad, así como sobre
las actividades de cárteles rivales.
Bajo esos cargos enfrenta
condenas potenciales de entre un mínimo de 10 años de prisión a un máximo de
cadena perpetua por los cuatro cargos de conspiración de tráfico de cocaína y
declaraciones falsas a las autoridades.
García Luna, de 51 años de edad,
vivía con su familia en Miami después de que se le otorgó la residencia
permanente en este país hasta su arresto en Texas el 9 de diciembre de 2019 y
su traslado a Nueva York, donde fue presentado el 3 de enero y donde hoy
permanece encarcelado.