Cabo San Lucas (CSL), Baja California Sur.- El director general del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Mar (CETMAR) plantel 31 Cabo San Lucas, José Antonio García Loaiza denunció publicamente, un presunto caso de abuso de autoridad por parte de efectivos de Seguridad Pública de Los Cabos.  

Los agentes ingresaron armados y  sin autorización atendiendo un supuesto robo de un celular y  habrían sido llevados por una madre de familia, pero sin informar a los docentes y sin pedir autorización en dirección escolar.  

Los hechos ocurrieron la noche del pasado martes 10 de marzo del 2020. 

“De manera intempestiva entran dos agentes municipales (Seguridad Pública de Los Cabos) directamente al aula a transgredir la institución y los derechos de los alumnos, en ese momento el maestro los repele y los invita a ir a la dirección y los cuestiona del porqué ingresan al plantel sin autorización de ningún directivo y de ningún maestro. 

Al parecer quien los trajo es una madre de familia, quien reportó un robo a su hija y ella se encargó de traer a los municipales e ingresan al plantel sin autorización de nadie y venían armados”, declaró el director. 

Continuó Loaiza García, se torna delicado el hecho que los agentes municipales se tomen atribuciones en una institución educativa y peor aun, respaldados por un civil, en este caso la madre de familia, en un hecho también, no solo de abuso de autoridad, sino de influyentismo y/o nepotismo. 

“A mi me parece muy delicado el asunto porque en primera son menores de edad y están bajo la custodia de la institución y en los protocolos no se establece que en estas situaciones como es la pérdida de un celular, o de pertenencias personales del alumnado, se tenga que hablar al personal de Seguridad Pública esto se atiende de diferente manera y en apego al reglamento de los alumnos”, agregó el titular del Cetmar plantel 31 de Cabo San Lucas. 

Estudiante es detenida por cuestionar a los agentes policiacos. 

Si ya se había tornado indignante que los policías municipales ingresaron de tal manera, mientras el conflicto sucedía en una de las aulas, en el acceso principal en un hecho totalmente independiente, otra agente intentaba entrar al plantel. Ahí una estudiante de quince años de edad, cuestionó a la oficial, y le hizo saber que sin orden no debía entrar a su escuela, provocando la molestia de la policía quien terminó no solo por detenerla, sino llevarla arrestada hasta la cárcel local. 

“La patrulla estaba afuera y otra agente, otra policía pretendía por la fuerza ingresar al plantel y el señor que cuida la puerta le cierra el paso, no le permite la entrada; una alumna que iba de salida los cuestiona y les dice que no pueden ingresar a la institución si no tienen orden de cateo, o si no se les permite, esto no les gustó y a la niña la detienen, la suben a la patrulla y se la llevan a barandilla, una menor de quince años”, aseveró Esteban García. 

Ante esta situación, calificada por la comunidad escolar del Cetmar 31 de Cabo San Lucas, como un exceso por parte de la autoridad cayendo en abuso policiaco, el director del plantel exige al Ayuntamiento de Los Cabos, tanto a la alcaldesa Armida Castro Guzmán, como al propio director de Seguridad Pública, Juan José Zamorano Martínez, respalden si es el caso, el actuar de los municipales, y si no, que hagan pública una disculpa a la comunidad escolar y se sancione conforme a sus reglamentos internos. Lamentó además que los agentes del orden, se presten a influyentismos y órdenes de personas que se dicen con el poder, de amedrentar a las instituciones. 

“Ellos no pueden ingresar a las instituciones educativas o pretender hacerlo, esto me parece muy grave. [...] Es el llamado a la alcaldesa (Armida Castro Guzmán) y al director (Juan José Zamorano Martínez), a que ponga cartas en el asunto y nos explique el porqué dos agentes municipales ingresan a este plantel, a un aula y pretenden atender un “disque llamado” por un robo, nadie les habló”, aseveró el director del Cetmar de CSL. 

Concluyó el director Loaiza García, buscarán el apoyo y respaldo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la propia Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que se sancione a los responsables y se marque un precedente en la seguridad escolar, bastante lastimada ya en Los Cabos por casos de acoso sexual, inseguridad, robos, asaltos, violaciones y demás hechos que son del conocimiento público.