Durante el pronunciamiento de Humberto Arce Cordero de Morena, tras ser “desconocido” como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política por la diputada Elizabeth Rocha Torres del PAN, se hicieron de palabras con otras dos legisladoras de Morena y Partido Humanista, además del diputado del PAN, donde la principal acusación entre ellos fue desconocer las leyes y reglamentos del recinto legislativo
La Paz, Baja California Sur.- Fueron los gritos los que cobraron mayor fuerza en la sesión pública ordinaria del Congreso de Baja California Sur (BCS), correspondiente al periodo de receso presidido por la diputada Elizabeth Rocha Torres del Partido Acción Nacional (PAN).
Esto debido al pronunciamiento del diputado Humberto Arce Cordero, de Morena, luego de ser “desconocido” como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, mediante una declaratoria discrecional de la diputada presidenta.
“Esto es algo inédito en la historia pública política de nuestro estado, ahora resulta que la presidenta también tiene facultades de juez, juzgar, erigirse y dictar sentencia. Pero una declaratoria discrecional no tiene un vínculo legal”, señaló.
“Una declaración discrecional está por encima de una resolución del pleno, imagínense la gravedad, que se publique en el Boletín Oficial no le da más valor y los que son abogados que me desmientan”, expuso, lo que ocasionó gritos de los diputados presentes.
La diputada Daniela Viviana Rubio Avilés, del Partido Humanista, recibió permiso de Elizabeth Rocha Torres para interpelar al diputado Arce por ser abogada de profesión, ya que si bien “no hizo alusión personal”, Arce “pidió” un abogado.
“Usted acaba de ser muy claro y dijo, no hizo alusión personal, pero quienes están contestando son abogados, entonces permítame un abogado, le pido su opinión por favor”, dijo Elizabeth Rocha Torres.
“Usted se está doliendo de las acciones que se han cometido aquí sin embargo le dije en su momento, que estaban en contra de todo lo que la Ley Reglamentaria estipula, ¿me permite diputada?”, empezó a explicar Rubio Avilés.
Esto mientras la diputada Petra Juárez Maceda se hizo de palabras con el diputado panista José Luis Pérpuli Drew, quien le recalcó que “usted no es abogada”, mientras la morenista intentaba participar y cuestionaba la legalidad de interrumpir el pronunciamiento de Humberto Arce contra su voluntad.
“Usted no es abogada… ¡No, señora!”, gritó José Luis Pérpuli Drew a la diputada Petra Juárez, lo que ocasionó que asistentes parlamentarios respondieran los gritos.
“Le pido por favor a los diputados guardar silencio por favor. Diputada Petra, diputada Petra, le pido por favor en su investidura como diputada, como mujer, que sea recíprofe (sic) el respeto, que en varias ocasiones ha aludido al diputado Pérpuli y ya es algo entre ustedes”, dijo Elizabeth Rocha Torres.
Regresó el uso de la voz a la diputada Rubio quien dio su versión respecto a la presunta “ilegalidad” de 13 diputados al nombrarlo presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política el pasado viernes 6 de marzo.
“La ley reglamentaria es cierto, está llena de ambigüedades y lagunas a modo, ahora resulta que no podía citar a sesión y luego dejarla sin efecto […] el supuesto sin conceder no tenían los 14 votos en todo violentaron la ley reglamentaria”, dijo la diputada.
“Siguen violentando ley reglamentaria vigente y que nos asiste a nosotros”, expuso la diputada para recibir aplausos de diferentes personalidades que en ese momento abarrotaron la sala de comisiones Armando Aguilar Paniagua.
Sin embargo, Humberto Arce reiteró que Elizabeth Rocha no tiene facultades para cancelar sesiones previamente a su realización, por lo que dijo su nombramiento y la reconfiguración administrativa del Congreso es completamente válida.
Dijo que es “nefasto” que cualquier diputado que ostente la presidencia, pretenda revertir una resolución de la Asamblea Legislativa cuando no esté de acuerdo, mediante el cierre de oficinas, archivos y el paso a los integrantes del poder.
Finalmente señaló como una flagrante violación de poderes, la presencia de agentes “fuertemente armados” de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) en las instalaciones del Congreso, un órgano autónomo del Poder Ejecutivo.
“Una flagrante violación del recinto parlamentario, inadmisible en un régimen democrático republicano, donde se respete estado de derecho, canales, mecanismos institucionales en resolución de conflictos”, finalizó.