La Paz, Baja California Sur.- Gritos, dimes y diretes, pancartas, líderes de colonias aplaudiendo a panistas, y transportistas respaldando a legisladores morenistas, fue el panorama que dominó el arranque de trabajos del periodo ordinario en el Congreso de Baja California Sur (BCS). 

Cartulinas fosforescentes donde se leía un rechazo a una presunta injerencia del gobernador, Carlos Mendoza, en los conflictos entre legisladores resaltaron entre las butacas abarrotadas la mañana del domingo pese al llamado a la “sana distancia” ante la pandemia por el coronavirus. Ni quién se acordó o atendió las recomendaciones. 

A los diputados y diputadas se les veía más bien molestos; varios de ellos también estaban tensos, fruto quizá ya de una semana de jaloneos, desde que morenistas decidieron reconciliarse y lograron mayoría con 13 votos y hacer varios cambios en funcionarios y comisiones, acusando resultados negativos de auditorías y falta de trabajo legislativo. 

Estaba presente en el ambiente el rechazo a la resolución del Tribunal Estatal Electoral (TEE) que antes de concluir a fondo, se pronunció por una medida cautelar contra diputadas que acusaron violencia política en razón de género. 

Panistas, morenistas, legisladores del (Partido Encuentro Solidario) PES y del resto de colores, observaban a su alrededor y entre sí. Era casi la hora del llamado, las once de la mañana, en que arrancaría la sesión solemne. 

Desde más temprano ya estaban sentadas, muy en su papel, algunas señoras de rostros conocidos que cotidianamente hacen peticiones y brindan porras y abrazos  al titular de la Secretaría General, Álvaro De la Peña Angulo. 

El domingo no fue don Álvaro en representación del gobernador, sino Isidro Jordán Moyrón, el secretario de Finanzas. Así, esas porras  ahora se dirigían hacia los panistas, Elizabeth Rocha y José Luis Pérpuli Drew, y a los diputados del PES, Rigoberto Murillo, Perla Flores y Lorenia Montaño; hacia la diputada del Partido Humanista(PH), Daniela Rubio, y con más recato hacia las diputadas Marisela Pineda (PRD) y la priista, Anita Beltrán, el ahora bloque opositor. 

Frente a ellas y dominando más bien el auditorio se encontraban líderes transportistas y taxistas que en su momento vitorearon el rechazo de la Ley de Movilidad, propuesta por el gobernador y el reclamo aquel se convirtió en una exigencia ahora para que don Carlos “saque las manos del Congreso”. 

Algunas mujeres portaban pancartas -aunque no muy convencidas del significado-  donde cuestionaban al Tribunal Estatal Electoral por el fallo exprés en favor de las diputadas que acusaron violencia política, tras ser removidas del trabajo de las comisiones. 

Las acusaciones de “acarreos” de un lado y otro no esperaron, como tampoco los señalamientos que recibió la panista Elizabeth Rocha cuando comenzó el informe de actividades como presidenta de la mesa permanente: ¡fuera! ¡fuera el gobernador!, se escuchaba, al tiempo que se pusieron de pie los diputados morenistas, quienes lograron reunificarse y recuperar la mayoría. 

Junto a ellos, la diputada petista, Mercedes Maciel portaba el mismo cartel que los morenistas, donde se apreciaba a un hombre que -acusaron -sería empleado de la diputada Rocha y estaría saliendo con documentación de Oficialía Mayor. Advertían un “saqueo ilegal”. 

Así, la presidenta de la mesa directiva, Daniela Rubio llamó al orden, y luego vino su intervención en la que pidió “responsabilidad” y “madurez”, y trabajar por lograr acuerdos. Y es que hoy por hoy nadie sabe si se respetarán los cambios hechos por la mayoría morenista o se atenderá la "declaratoria soberana y discrecional" que hizo la diputada panista Elizabeth Rocha para echar abajo estos cambios y que fue publicada por el gobernador, Carlos Mendoza, en el Boletín Oficial del Gobierno del estado.

Poco antes de mediodía la sesión terminó y fueron abandonado todos la sala de sesiones. La diputada Rubio había llamado a una reunión de trabajo; los diputados de Morena dijeron “agradecer el acompañamiento" de los transportistas y ante las cámaras, denunciaron una flagrante injerencia del Poder Ejecutivo. 

“¡No es un berrinche de diputados. Es grave lo que pasa aquí, es una violación a la división de Poderes, a la soberanía y a la democracia!”, acusó el diputado Humberto Arce, secundado por sus homólogos guindas y aplaudido por los taxistas que advirtieron regresar y pidieron también la salida de la policía de las oficinas legislativas. 

Así concluyó la jornada de este arranque de trabajos en la Cámara local de Baja California Sur hoy dominada por acusaciones de ilegalidades, confrontaciones, la falta de acuerdos y sobre todo plagada de incertidumbre.