La Paz, Baja California Sur.- Trabajadoras de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) acusaron que bajo el argumento de mayor productividad en la institución, titulares cometen “discriminación, acoso laboral y amagan con tomar represalias” en caso de inconformarse.  

EL INDEPENDIENTE tuvo acceso a cuatro testimonios de estas servidoras públicas -quienes por temor a represalias pidieron resguardar sus nombres- pero refirieron que desde hace casi dos años, han recibido “acoso laboral, discriminación, malos tratos”, incluso --dijeron-- violencia verbal- de parte de la encargada de la Subprocuraduría de Justicia Alternativa de la Procuraduría General de Justicia del estado I(PGJE), Lidia Mena Cázares, por lo que presentaron una queja ante el Órgano Interno de Control.  

Las denunciantes narraron que con la exigencia de “elevar los índices de productividad como en las empresas”, se les obliga --aseguraron- a trabajar trece días seguidos y luego de este periodo apenas tendrán dos días de descanso; además, en varios fines de semana de descanso les asignan capacitaciones obligadas que “no son referentes a su área de desempeño”, acusaron. 

Una de las trabajadoras señaló que han retrasado sus vacaciones de diciembre; que no les hacen válidos sus corte de tiempo -esto es el permiso para ausentarse por consulta médica-;  que les obstaculizan el poder tomar sus días económicos. 

“El problema es que de ser 30 personas en Atención Temprana y 10 en el Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, movieron a muchos y nos quedamos prácticamente con la mitad de personal”, indicó. 

Añadió que ante ello, las “exigencias han sido mayores en busca de lograr la certificación”.

Refirió que en ocasiones la situación de carga de trabajo se ha agudizado debido a que desde la titularidad de la Subprocuraduría se envía a personal a otras funciones “que nada tienen que ver con el cargo, como entregar volantes, y no es nada denigrante, pero eso le toca a Prevención del Delito”, expuso. 

“Hemos querido hablar con la licenciada Lidia y no se nos permite. Hemos girado oficios, exponiendo situaciones complejas, como que se le brinden facilidades y se le respeten sus derechos a una compañera embarazada. Otro compañero tiene su hijo con una discapacidad, su esposa trabajando también y perdieron la cita que habían tardado meses para que se las dieran en el Centro de Rehabilitación Infantil (CRIT) para empezar una atención, todo porque no le quisieron dar permiso”, expuso. 

• Advierten falta de personal 

Subrayó que actualmente Justicia Alternativa tiene solo 17 personas para los tres turnos y se reciben hasta 40 denuncias diarias. 

“Estamos hablando que se nos exige que el usuario no debe esperar más de 15 minutos en la sala de espera y no nos debemos llevar más de 40 minutos con cada usuario. Comprendemos y sabemos nuestra responsabilidad, pero es inviable en muchos casos esto, pues llegan usuarios a presentar una denuncia, por ejemplo, de violencia intrafamiliar y en ocasiones debemos llamar al médico legista, a la psicóloga, solicitar una medida cautelar. Debemos brindar una atención eficiente, completa y profesional, y no se puede en este tiempo, y todo es por querer cumplir la certificación”, insistió. 

Por estas situaciones internas --enfatizó--y ante reiteradas solicitudes de atención tanto a las encargadas de la Subprocuraduría como al propio procurador, Daniel De la Rosa Anaya, se presentó ya una queja ante el Órgano Interno de Control, y ante la Contraloría General del Gobierno del estado contra la encargada Lidia Mena Cázares. 

“Solo estamos pidiendo se nos respete como profesionistas y nuestros derechos, que se sensibilicen y no se nos intimide. Nos han dicho que a las ‘revoltosas’ nos van a cambiar de adscripción. Ya le está sucediendo a una compañera que incluso sin contar con requisitos como una certificación la están mandando a Loreto. Algunos otros se han visto obligados a renunciar. Para un cambio de residencia no es tan fácil, no se nos proporcionan viáticos, hay que pagar renta, hay quienes tienen contratos de renta en La Paz y cambiarlos sin apoyo económico es complicarles aún más su estabilidad”, comentó. 

En un comunicado a inicios de año, Mena Cázares presumió que se atendieron a 36 mil 752 personas en las Unidades de Atención Temprana de la PGJE, y destacó la disminución del tiempo de espera para atender a quienes quieren interponer una denuncia, “a un tiempo récord de 8.9 minutos”, señalando que años atrás esto se extendía a varias horas. 

Diario El Independiente solicitó una entrevista a la encargada de la Subprocuraduría de Justicia Alternativa, Lidia Mena Cázares, al respecto de estas denuncias y queja que presentaron trabajadoras, así como al procurador, Daniel De la Rosa Anaya, y al cierre de esta edición, no obtuvo respuesta.