La Paz, Baja California Sur.- Es preocupante que el Ayuntamiento de Loreto niegue los permisos comerciales para un Centro de Acopio de Residuos Sólidos Urbanos (no peligrosos) a cargo de César Díaz Cazorla, ya que es “la única recicladora” que opera en el municipio.

Esto señaló Cecilia Fischer Cavia, activista y enlace con The Ocean Foundation, quien dijo que con el apoyo de 20 donadores, este punto se mantiene operando para los residentes locales y extranjeros preocupados por el destino final de la basura.

“Nos preocupa como donantes porque el tiradero municipal, nuestro basurero está sobre el arroyo La Candelaria. Este es el único centro de reciclaje en Loreto y nos preocupa bastante porque no tenemos más alternativas como residentes para reciclar”, dijo la activista a Diario El Independiente.

El único centro de reciclaje en Loreto con estos problemas nos preocupa bastante porque no tenemos otras alternativas como residentes para llevar reciclables.

Señaló que el ayuntamiento debería impulsar estos espacios, lejos de impedir su operación mediante trabas, negándole permisos comerciales con trabas burocráticas por la Dirección de Protección Civil y la Dirección de Ingresos.

“Nos preocupa bastante que existan estos problemas con el municipio porque pensaríamos que al ratificarse la Ley Desplastifícate a nivel estatal, estarían más interesados en apoyar estos negocios, porque se necesitan”, agregó.

De no existir un centro de reciclaje, los plásticos que se reciclan podrían dejar de ser procesados para su reutilización, por lo que su destino final sería inmediatamente el tiradero municipal, que con escurrimientos y precipitaciones se volcará hacia el Parque Nacional Bahía de Loreto.

“Él está haciendo su trabajo correctamente, nos preocupa que no se vea un interés claro de parte de municipio para auxiliar al señor César Díaz”, dijo la activista.

“Es desesperante porque es la razón primordial por la que Loreto se puede desarrollar teniendo arroyos, sierras y un parque marino sin basura, nos interesa apoyar estos esfuerzos con validez y futuro”, dijo además Fischer Cavia.

Dijo que el empresario reciclador ha señalado que las leyes se están aplicando bajo criterios personales, para exigirle requisitos que no contienen las normas oficiales mexicanas, tales como la instalación de un hidrante y señalética “más grande”.

“Al preguntar los artículos para las diferentes exigencias [que le hacen falta], no hay respuestas. No se específica en qué artículo de la ley es necesario que haga eso, todo debe estar fundamentado en ley y no está eso explícitamente”, señaló.

“Debe estar fundamentado porque en 3 diferentes inspecciones, cada uno le ha dicho cosas distintas lo que es típico en México, pero se debería poder solucionar por ser una cuestión de logística, de tecnicismos y fácil de solucionar”, señaló.

Tal es el conflicto que la titular de la Dirección de Ingresos, Brenda Castro Davis, ha optado por brindarle permisos temporales; esto debido a la falta del visto bueno de Protección Civil, obstaculizado por su titular, Juan Aguirre.

César Díaz Cazorla, en entrevista para este matutino, acusó irregularidades en diversas inspecciones para perjudicarlo.

Acusó al director de la dependencia, Juan Aguirre, de retrasarlo desde marzo de 2019 con dicho dictamen, a pesar de ser requisito para el permiso municipal.

Explicó que su última inspección fue el 30 de enero de 2020, donde se le advirtió que no cumplió con los tamaños adecuados para los señalamientos conforme a lo requerido en la NOM-003-SEGOB-2011; sin embargo, la ley no contempla medidas específicas al respecto.

El afectado señaló que el Centro de Acopio está ubicado en Carretera Transpeninsular km 3, a un costado de la ferretería “Maderas California”, propiedad de Ernesto Montoya, quien se presume es proveedor del Ayuntamiento.

Dijo haber tenido un recibimiento no grato por parte de dicho empresario tras su llegada en marzo de 2019, quien le preguntó los motivos por los cuales se estaba mudando junto a su negocio con dicha planta de reciclaje.

Posteriormente dijo haber recibido visitas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el Cuerpo de Bomberos y en diferentes ocasiones fue abordado sin documentos oficiales.

Señaló además que Juan Aguirre se presentó en febrero de 2019 ante su esposa para advertirle que “nos iba a cerrar el negocio” por el riesgo que representaba para los “vecinos”.

“Que nos iba a cerrar el negocio, que nos teníamos que salir de ahí, porque nosotros lo que tenemos ahí es un peligro para el vecindario y que el vecino de enseguida tenía millones ahí invertidos. Que yo tenía pura basura, que si se quemaba, con qué iba a pagarle yo a él”, dijo.

“Juan Aguirre en donde me encontrara, en la tienda, en el festival infantil de mis hijos, donde sea, lo mismo me decía ¿cuándo te vas a salir de allá? Ya te di mucho chance, te estoy haciendo el paro (sic)”, dijo el afectado.

Dijo que las mismas palabras utilizadas por Juan Aguirre fueron utilizadas por su vecino para explicarle que no era bienvenido en el vecindario.

“Están mal utilizando la ley, reglamentos para distorsionarlos y atacarme para sacarme de donde estoy, a pesar que estoy en una zona industrial, no es habitacional, ni comercial”, finalizó.