La Paz, Baja California Sur.- 7 niños de entre 2 y 13 años fueron retirados por la Policía Municipal a sus familiares, tras “confundirlos” con tratantes de personas en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, dejando a los menores a disposición del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Esto denunciaron Luciano Hernández Vidales, Ana Karen Escarcega Fernández, Guadalupe Vidales Hernández y Cristian Michel Hernández Vidales, originarios de La Paz, Baja California Sur (BCS) tras manifestarse en el Ayuntamiento.

Luciano Hernández, padre de 4 de los menores indicó que los elementos policiacos los detuvieron y encerraron por 36 horas, para retirarles a los niños sin una orden judicial de por medio, mediante el uso de la fuerza.

Inclusive en medios de comunicación apareció la nota de los presuntos “tratantes de personas” y el rescate de los niños, a pesar de que los familiares contaban con documentos oficiales de los menores que acreditaban su identidad.

Por ello dijeron haber interpuesto un juicio de amparo ante el Juez Octavo de Distrito en Mazatlán, en donde después de casi 2 meses de lucha, el juez resolvió suspender dicho acto por parte de las autoridades sinaloenses.

“Con esa resolución 6 de los niños fueron enviados a la ciudad de La Paz, BCS mientras que el más pequeño de 2 años fue enviado a la ciudad de Durango, con su abuela”, dijo Luciano Hernández.

“Hasta BCS llegamos en una noticia diciendo que eramos tratantes, que los niños estaban en mal estado, cosa que es mentira. Tengo videos antes de llegar a Mazatlán, venimos cantando en el carro toda la familia”, dijo el denunciante.

Dijo que posteriormente no recibieron motivo alguno de la detención, pero sí detallaron haber sido víctima de maltratos durante las horas que permanecieron encerrados.

El entonces director del DIF Mazatlán presentó su renuncia tras los hechos y la resolución del juez, tras interponer los recursos legales correspondientes y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Sinaloa.

Expuso que a la Procuraduría de la Defensa del Menor, se entregaron los documentos pero no fueron “válidos”, ya que los funcionarios especularon sobre la veracidad de su versión.

“Decían que aunque trajéramos actas, había niños que se robaban de meses y los registraban. A la hora que sea nos hacíamos la prueba de ADN pero dijeron que no, que no le importaba”, señaló.

Tras una marcha de protesta, las autoridades del DIF Mazatlán costearon los gastos para que la familia pudiera viajar a La Paz y recuperar a los menores en BCS.

“Seguimos nosotros en pie y estamos exigiendo al gobierno municipio de Mazatlán una disculpa pública porque no se vale. Nos trataron de delincuentes todo lo peor”, señaló.

Dijeron pedir apoyo al gobernador de BCS, Carlos Mendoza Davis y al presidente municipal, Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, para recuperar a sus hijos lo más pronto posible.

“Además pedimos su apoyo para poder resarcir el daño, con un licenciado, lo que sea para que nos paguen los daños ocasionados en Mazatlán fue mucho tiempo, casi 2 meses escondiéndonos de municipales”, señaló.

Durante su estancia en Mazatlán dijeron haber laborado “de lo que sea”, llevando mandados en mercados de abasto, ayudando a la gente.

“No podíamos tener un trabajo de 8 horas por las vueltas pero entre los 4 sacábamos para la gasolina, la comida y todo eso mientras estábamos allá”, dijo.

Tras su regreso a La Paz dijo “denigrante” el trato recibido por las autoridades mazatlecas, quienes además omitieron enviar a los menores con sus expedientes socioeconómicos y demás información entregada previamente.

“Ya lo habíamos hecho en Mazatlán, pero acá no nos enviaron nada de información. No le hace, ya estamos en nuestra tierra, estamos aquí y aunque nos falte la niña de 2 años queremos que esto ya se termine y que estén con nosotros, volver a nuestras vidas como antes”, finalizó.