La Paz, Baja California Sur.- Diputados y autoridades se confrontaron ante las reformas presentadas ante el Congreso local para la creación de la Fiscalía General de Justicia de Baja California Sur. 

El diputado morenista, Esteban Ojeda Ramírez, presentó la iniciativa y subrayó que junto a Hidalgo y Tlaxcala, BCS es una de las tres entidades que faltan por crear la Fiscalía General de Justicia, pese a que las reformas federales que obligan a los estados se publicaron hace seis años. 

Destacó que se requiere un órgano autónomo, con personalidad jurídica y presupuesto propio para el ejercicio de sus funciones, del cual dependerán también la Fiscalía en materia de Delitos Electorales, y de Combate a la Corrupción, cuyos fiscales serían electos por el Congreso estatal. 

Planteó que la Legislatura tendrá como límite hasta el 15 de noviembre de este año para armonizar la legislación secundaria y al  concluir el año estarían electos los fiscales. 

La diputada Daniela Rubio, del Partido Humanista, y presidenta de la mesa directiva del periodo ordinario de sesiones que arrancará en marzo, calificó como "irresponsable" la propuesta y consideró que obedecía a "compromisos políticos".

A su vez, el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, dijo que debe "meditarse, presupuestarse  y planificarse", y afirmó que tendría que hacerlo la próxima administración. 

Consideró un error pretender modificaciones al sistema de justicia, “tras los avances obtenidos contra el crimen".

"Sí, pero no al vapor": abogado

En entrevista, el abogado Arturo Rubio Ruiz, presidente de la asociación civil, Consejo Ciudadano para la Protección de Víctimas del Delito, consideró que si bien desde hace mucho tiempo se requieren reformas para dotar a las procuradurías de autonomía de presupuestaria y de gestión, tampoco debe legislarse al vapor. 

Esta legislatura --dijo-- "debió haber iniciado el proceso de reformas hace un año o bien en concretarse incluso desde hace cuatro, en pasadas Legislaturas". Insistió en que se requiere una planeación y transición, al menos de dos años. 

Empero manifestó que la reducción de la violencia en BCS no obedeció al sistema de justicia actual, contrario a lo dicho por el gobernador. 

"Nuestro sistema de justicia presenta fallas graves en la persecución y castigo de los delitos. La reducción del crimen obedeció a las tareas de prevención y la inversión de recursos federales que se hizo porque nos habían tenido abandonados", expresó. 

“Se requiere sí una fiscalía autónoma pero que transite hacia ello, y sobre todo urge una eficaz política criminal”, sentenció.