La Paz, Baja California Sur.- El abandono de las autoridades no detiene a Jesús Valtierra García y Guadalupe Loya Higuera, quienes piden justicia desde hace 9 años por el asesinato de su hijo Jesús Asael, de 22 años, ocurrido el 31 de enero de 2011 en Puerto San Carlos, Baja California Sur (BCS).

Tras viajar 237 kilómetros hasta La Paz, buscaron pedir ayuda personalmente al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su visita con motivo de la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Dijeron ser víctimas de la violencia y la impunidad del crimen organizado, después de que su hijo fuera víctima de privación ilegal de la libertad y robo con violencia, para culminar con homicidio con alevosía y daño agravado.

“Todo fue planeado para robarle el dinero que llevaba a depositar al banco, producto de los ingresos de la venta de fin de semana del a gasolinera en donde como padre, soy gerente por parte de un grupo de malvivientes”, señaló en su misiva.

Apuntó que los asaltantes fueron apoyados por Amadeo “El Yeyo” Zamudio, brazo armado del grupo criminal “Los Zamudio” dedicada entonces al narcomenudeo en el municipio de Comondú, en colusión con policías municipales adscritos a la delegación Puerto San Carlos.

“Después de secuestrarlo privándolo de su libertad, robarlo, golpearlo, asesinarlo con arma de fuego, lo quemaron dentro del vehículo pick-up en el que viajaba hacia el banco ubicado en Ciudad Constitución, a 57 kilómetros de San Carlos”, dijeron los padres.

Investigaciones han arrojado que el joven de 22 años se detuvo en un falso retén policiaco, donde presuntamente un elemento lo “entregó” al grupo criminal que lo secuestró para sustraerle la cantidad de 440 mil pesos, asesinarlo y calcinarlo.

Expusieron ante López Obrador en una carta que “su principal obstáculo” para lograr justicia son los propios jueces federales del Juzgado Tercero de Distrito, así como de tribunales colegiados en La Paz y Los Mochis, han otorgado “reiterados amparos”.

Inclusive han dejado en libertad al comandante de la Policía Municipal, Felipe Rodríguez Higuera, “quien montó el operativo”, sin entrar al estudio del fondo del asunto; además, reclasificaron algunos de los delitos a policías participantes para reducir sus condenas.

Señalan al menos a 11 implicados en el caso, de los cuales solo 2 se encuentran en prisión, identificados como Renato León Atondo y Elías Gómez Gómez; dijeron necesario que se termine la impunidad y se apliquen “penas máximas” a todos ellos.

Dijo necesaria la intervención de López Obrador y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para revisar la actuación de estos tribunales, aunque dijeron reconocer que la justicia en México se encuentra en una situación grave.

Se dijeron además “abandonados” por la Comisión Ejecutiva de Protección a Víctimas, tanto jurídicamente como en acompañamiento, a pesar de que su caso fue catalogado como “sobresaliente” bajo el caso Provictima/CAV/BC/00143/A.

“Estamos alejados del centro, vivimos en un pequeño poblado pesquero, pero no por eso es menor nuestro dolor”, finalizaron.