La Paz, Baja California Sur.- La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, Anita Beltrán Peralta, confirmó que ya entró en vigor la reforma que hace obligatoria la contratación laboral de personas con discapacidad en instituciones públicas y empresas privadas. No obstante, explicó que no existen tiempos límites para su aplicación ni sanciones para quienes la incumplan.

“Ya está legislado, hoy tenemos que hacer un acto de conciencia, un acto de convencimiento, un acto razonable y un acto de justicia […] Yo creo que es un acto de conciencia y de justicia, yo creo que los gobiernos tenemos que hacer énfasis de esa invitación”, dijo la legisladora a Diario El Independiente, quien consideró que deberán ser primero las instituciones públicas quienes cumplan con esta disposición, que habla de contar con un 3 por ciento de personas con discapacidad en la planta laboral del sector público y un 10 por ciento en el sector empresarial.

“Esto ya es un hecho. No le pusimos tiempos, sin embargo estamos dejando a la buena disposición y a la conciencia que deberán de tener las propias instituciones: ya es un hecho que se debe de cumplir, ya es un mandato”, insistió Beltrán Peralta, reiterando que “hasta ahorita no hay sanción” por incumplir con la reforma.

“A veces es más de acercamiento, de petición, de lograr un convencimiento, porque siempre encontramos excelentes respuestas en las empresas: yo creo que a veces les falta la información y llegarles, precisamente, lo que se está legislando”, concluyó, “cuando estamos en un estado de derecho, debemos cumplir esas obligaciones para tener derechos”.