Con la nueva Ley de Seguridad Informática, se crearía la Agencia Nacional de Seguridad Informática
La Paz, Baja California Sur.- La senadora sudcaliforniana Lucía Trasviña Waldenrath, presidenta de la Comisión de Seguridad en el Senado de la República, confió en que la propuesta de Ley de Seguridad Informática que llevó al pleno en marzo de 2019 sea aprobada en el próximo periodo legislativo, pues debido a los ciberdelitos los mexicanos está perdiendo, dijo, “miles de millones de pesos”.
“Cuando un delito se está planeando en un país diferente para venirse a ejecutar en nuestros país, nosotros, a través del control del ciberespacio, localizaremos las bandas e inhibiremos ese tipo de delitos tan grandes como es la trata de personas, el tráfico de órganos, el terrorismo internacional, la trata de mujeres”, dijo la senadora. “Podremos controlar a quienes hackean las cuentas, porque son delitos que impactan grandemente a la iniciativa privada y a la economía, porque son miles de millones de pesos que se están ahorita perdiendo en virtud de que están entrando”.
Trasviña Waldenrath recordó que esta “ley de ciberseguridad” fue realizada en conjunto con expertos de Canadá, Estados Unidos y Europa, apegándose al convenio internacional de Budapest, por lo que “es una ley vanguardista” y “es una ley protectora”.
“Con esta ley nosotros protegeremos las áreas estratégicas para la seguridad nacional, como son la Comisión Federal [de Electricidad] y como son los hidrocarburos y como es el agua […] Es una ley que, en un momento dado, va a inhibir los delitos que se cometen a través de redes sociales, a través del internet; es una ley que, en un momento dado, nos va a dar la pauta y seguimiento desde el momento que entremos al control del ciberespacio para seguir las redes de crimen organizado a nivel internacional”.
Con esta ley se crearía una Agencia Nacional de Seguridad Informática (ANSI), la cual pertenecería a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal. Según el documento, a esta agencia correspondería determinar y coordinar la política estatal en materia de ciberseguridad y “dictar los lineamientos que permitan articular las acciones” en esta materia, las cuales son “aplicables a los ámbitos social, económico y político”.