• El sistema galo defiende que el poseedor de la obra, en este caso casa Millon, actúa de buena fe
CIUDAD DE MÉXICO.
No tenemos ninguna posibilidad
técnica de impedir la subasta de la casa Millon, que rematará en París 53 obras
prehispánicas procedentes de México, de las cuales 28 son originales, ni de
exigir la restitución de estos bienes culturales”, afirma tajante el abogado y
diplomático Jorge Sánchez Cordero.
Lo
anterior, explica en entrevista, con base en la Convención de París de 1970,
que detalla las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir el tráfico ilícito de
bienes culturales.
“En el sistema legal francés existe la
presunción de que el poseedor es una persona de buena fe. Las leyes galas son
extremas en esto, porque viene de una tradición en la que se dice que la
posesión equivale al título. El derecho francés es protector de los derechos
del poseedor”, agrega.
Destaca que la subasta de Millon “se llevará
a cabo a la luz pública y quien adquiera los bienes lo hará a la luz pública,
así que la presunción de buena fe les asiste”.
El
remate denominado Los imperios de la luz, que se realizará el miércoles
22 de enero a las 15:00 horas, en el Hotel Drouot de París, ofertará también 22
piezas, de esas 53, que son “recreaciones de reciente manufactura” y dos lotes
que no tienen fotografía, por lo que no se dictaminaron, informa Alejandro
Bautista, subdirector de Registro de Monumentos Arqueológicos Muebles del INAH,
quien elaboró el dictamen a partir de una “revisión minuciosa” del catálogo
digital de Millon.
El
arqueólogo comenta que las 28 piezas proceden de cuatro regiones: el
Occidente de México, el Altiplano Central, la Costa del Golfo y la zona maya.
Entre las obras originales, destacan varias
máscaras en roca de estilo teotihuacano, que datan de entre el 200 y el 600
d.C.; un par de vasos mayas, así como dos cabezas de escultura, una maya
elaborada en estuco.
“Todas
son valiosas. Su valor no es económico, sino patrimonial. Tal vez algunas no
sean estética o estilísticamente llamativas, pero forman parte del patrimonio
nacional”, señala quien aclara que el 3 de enero el INAH entregó a la Fiscalía General de la
República (FGR) este dictamen y la denuncia para exigir la
restitución de los bienes.
Por su parte, Sánchez Cordero dice que “la
forma como los bienes culturales transitan del mercado ilícito al lícito es
tenue. Y prácticamente es imperceptible que el mercado reconozca cuáles bienes
culturales son de procedencia lícita o ilícita”.
Explica
que la Convención de París “es sólo de derecho público, entre Estados, y
privilegia la vía diplomática. Tiene serias limitaciones,
porque la posibilidad de la restitución de los bienes culturales, ya sea
robados o exportados, es sumamente pobre. Como rige entre Estados, tiene una
disposición mal redactada, carece de una operatividad jurídica seria para poder
exigir las restituciones al país de origen.
“Además, el problema no es entre México y
Francia, sino entre México y la casa Millon. El gobierno francés no tiene nada
que ver, porque es una relación entre particulares. El problema es que debemos
litigar en contra de los poseedores de esos bienes culturales. México sólo
puede pedir la solidaridad internacional”.
Fuentes
de la FGR ratificaron ayer que el pasado 3 de enero se recibió una denuncia
respecto a que la casa Millon celebrará una subasta en París, Francia,
ofertando piezas culturales mexicanas, por lo que se abrió
la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDAPLE-EXT/0000005/
2020, en la que se han practicado las
siguientes diligencias:
“El 3 de enero se solicitó al INAH realizara
dictamen en materia de arqueología, el cual concluyó que 28 piezas de las
ofertadas forman parte del patrimonio cultural de la nación. El 6 de enero se
solicitó asistencia jurídica internacional, para que a través de los medios
diplomáticos se suspendiera dicha subasta. El 8 de enero se solicitó a la
Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol México
realizara las acciones legales para suspender dicha subasta”, apunta el
documento.
Aclaran
que, de conformidad con la Convención de París, “para poder repatriar dichos
bienes culturales es necesario acreditar que el bien arqueológico se encuentre formalmente
registrado o inventariado y contar con datos de la fecha de su sustracción, ya
que dicha Convención sólo protege los bienes sustraídos después de la fecha en
la que se celebró ésta”.
En este contexto, para solicitar legalmente
la repatriación de esos objetos es necesario: contar con datos que permitan
establecer dónde, cuándo y cómo se sustrajo el bien arqueológico. Y que éste se
encuentre registrado o inventariado.
“Según la Ley Federal sobre Monumentos y
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, le compete al INAH llevar a cabo
el referido registro o inventario. También correspondería al INAH proporcionar
la información relacionada con la sustracción del bien cultural. Esta Fiscalía
está solicitando al INAH nos proporcione dicha información para estar en
condiciones de poder exigir que los bienes arqueológicos sean repatriados”,
concluye.