El Congreso de la Unión y la Unidad de Inteligencia Financiera buscarán combatir el problema que daña la imagen del país como destino turístico
Cabo San Lucas, Baja California Sur.- El uso de la tecnología ha simplificado muchos aspectos de la vida diaria, sin embargo, como en todo existen personas sin escrúpulos que la utilizan de forma incorrecta y hasta ilícita, afectando incluso a la industria turística del país.
A través del Congreso de la Unión se ha informado sobre estafas electrónicas, en las cuales se abusa de aquellos turistas que buscan llegar a disfrutar de los destinos turísticos más populares del país, como Quintana Roo, Ciudad de México, Nayarit, Jalisco y por supuesto, Baja California Sur (BCS).
La Comisión de Turismo del Congreso de la Unión y la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal (UIF) abrirán un esquema de trabajo conjunto para hacer un frente común para combatir las estafas contra turistas, una situación delicada que afecta la imagen del país.
A través de la UFI la Camara de Diputados ha pedido que se lleve a cabo un rastreo a nivel nacional para determinar qué empresas no son legales e incurren en delitos de defraudación, y pidió también una investigación sobre páginas web y cuentas de Facebook, ya que muchas agencias que se dedican a la defraudación de turistas se manejan dentro de redes sociales al margen de la ley.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha emitido una alerta al respecto y advierte a los consumidores que fue detectado el filtrado de datos personales a través de los vendedores de membresías vacacionales los cuales comercializan la información de los clientes con defraudadores.
En Los Cabos se tienen problemas similares con los vendedores de tiempos compartidos fantasmas, personas que venden propiedad inexistentes, llevándose el dinero de los turistas que confían en ellos y aunque la Asociación Sudcaliforniana de Desarrolladores de Tiempos Compartidos (Asudestico) han denunciado en diferentes ocasiones el problema, pero las empresas fantasma han sido más hábiles que ellos e incluso las autoridades, cambiando de nombres y razones sociales, lo que ha hecho casi imposible detectarlas.
Es por ello que será ahora con una investigación conjunta entre el Congreso de la Unión y la UFI que se buscará lograr erradicar estas prácticas, mismas que van cada vez más al alza.