Ciudad de México.- A pesar del llamado del Presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, seis gobernadores se niegan a aceptar la entrada en vigor del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y en las entidades que gobiernan, las personas continuarán siendo atendidas con el actual Seguro Popular creado por el ex presidente panista Felipe Calderón Hinojosa.

Los involucrados forman parte del Partido Acción Nacional (PAN): Martín Orozco Sandoval, Gobernador de Aguascalientes; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Francisco Domínguez Servién, de Querétaro; y Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur; A ellos se suma Enrique Alfaro Ramírez, quien llegó a la gubernatura de Jalisco de la mano del Movimiento Ciudadano (MC).

Los mandatarios señalan que firmar el acuerdo para que comience a operar el Instituto de Salud para el Bienestar, podría quitarles facultades.

Por su parte el mandatario de Baja California Sur (BCS) Carlos Mendoza Davis precisó, a través de sus redes sociales, que el Insabi no garantiza un servicio oportuno, profesional y suficiente, así mismo, asegura dio instrucción de que hospitales estatales y centros de salud  de la entidad para que, conforme a su plantilla y recursos, sigan atendiendo a la población como se venía haciendo, sin afectación alguna, refiriéndose al Sistema del Seguro Popular implementado en el sexenio del ex panista y ex presidente Felipe Calderón.

“La falta de reglas de operación para la prestación de servicios de salud a la población sin seguridad social, es la principal limitante que enfrenta #BCS y el resto de las entidades desde la reforma a la Ley General en la materia. 

En el Gobierno de BCS tenemos plena disposición para avanzar en la implementación de dicha reforma, pero sin afectar los servicios que se brindan a la población. 

Así mismo, a través de un comunicado de prensa a los medios de comunicación indicó que la falta de reglas de operación para la prestación de servicios de salud a la población sin seguridad social, es la principal limitante que enfrenta Baja California Sur y el resto de las entidades desde la reforma a la Ley General en la materia. “Su implementación está rezagada por que no se tiene una normatividad que defina los mecanismos de coordinación con los estados. Incluso, en este momento, no queda claro ni cómo se va a organizar, ni el monto y origen de las fuentes de financiamiento”.

Agregó que su administración tiene completa disposición para avanzar en la implementación de esta reforma a la Ley General de Salud, pero enfatizó la importancia de que en su implementación no se afecten los servicios que se brindan a la población. “No se puede desmantelar una Institución, y menos tratándose de un servicio tan sensible como la salud, si no se tiene claramente definido con que se va a sustituir y comprobado su funcionamiento y operación” concluyó 

Por su parte, el gobernador del MC, Enrique Alfaro expresó a finales de 2019 que había muchas dudas sobre la disponibilidad del presupuesto que tendrán los estados en salud. 

Rodríguez Vallejo declaró que el Gobierno federal no tenía conocimiento de los protocolos de operación, y por eso no firmaría la incorporación al sistema que propuso el Presidente Andrés Manuel López Obrador.  

“Lo dije públicamente desde antes que se aprobara, que yo jamás iba a firmar, dije hasta de broma que aunque me torcieran la mano”, señaló ante medios de comunicación. 

Ex secretarios de Salud también se han expresado en contra del cambio en el sistema. “El regreso a la centralización de los servicios debilita al federalismo mexicano y aleja la solución de los problemas del sitio en el que se registran”, expusieron Guillermo Soberón Acevedo, Julio Frenk Mora, José Ángel Córdova Villalobos, Salomón Chertorivski Woldenberg, Mercedes Juan López y José Narro Robles en una misiva en 2019. 

Desde Chihuahua, Andrés Manuel López Obrador dijo que firmar no es obligatorio, “pero la mayoría están aceptando. Es un acuerdo. Tenemos que unirnos para mejorar el sistema de salud pública”. 

Javier Corral Jurado, Gobernador panista de Chihuahua, aseguró frente al mandatario mexicano que su entidad sí está dispuesta a entrar al plan.

El Gobierno de México informó que con la entrada en funciones del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), “las personas sin seguridad social recibirán atención médica y medicamentos gratuitos sin restricciones, pues ya no necesitarán afiliarse ni pagar cuotas”.

Los beneficiarios del Insabi sólo deberán presentar su credencial del INE, la Clave Única de Registro de Población (CURP) o su acta de nacimiento para recibir los servicios públicos de salud.

El artículo 77 bis 7 de la Ley General de Salud, cuya reciente modificación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre, precisa que para recibir la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos solo se deben reunir tres requisitos:

“El primero es encontrarse en territorio nacional. Segundo, no ser derechohabiente en IMSS o ISSSTE; y el tercero, presentar la CURP, la cual se encuentra en la credencial del INE o, en su caso, llevar acta o certificado de nacimiento”.

El Insabi inició funciones el primero de enero de 2020 como un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud.