La Paz, Baja California Sur.- Aunque en al menos 26 estados de la república, todos ellos con mayor población que la media península, se logró la instalación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), en Baja California Sur (BCS) el gobernador Carlos Mendoza Davis se negó a firmar los convenios de colaboración en la materia con el Gobierno de México. El titular en el estado de la Secretaría de Salud (SSA), Víctor George Flores, ofreció una conferencia de prensa este 13 de enero para señalar que la ampliación del catálogo de enfermedades cuya atención sería gratuita, hace inviable financieramente la operación en la entidad del nuevo instituto, asegurando que, aunque es intención del Gobierno del Estado lograr la universalización total de la salud, la falta de recursos lo hace imposible. 

La negativa de Mendoza

Junto a los gobernadores de Tamaulipas, Durango, Guanajuato y Jalisco, Mendoza Davis se mantiene en la postura de no aceptar la operación plena del Insabi. En redes sociales aseguró que su gobierno está a favor del avance de dicha reforma, “pero sin afectar los servicios que se brindan a la población”. En este sentido, consideró que este instituto, que sustituye al Seguro Popular, “no garantiza un servicio oportuno, profesional y suficiente”.

Asimismo, auguró que “vienen tiempos difíciles en salud”, pues la centralización de las compras de medicamentos ha hecho que se retrase la distribución de los mismos. El gobernador lamentó que “no hay programación” en la dotación de medicinas, lo que podría provocar un desabasto, y opinó que “la falta de reglas de operación para la prestación de servicios de salud a la población sin seguridad social es la principal limitante que enfrenta Baja California Sur y el resto de las entidades desde la reforma a la Ley General en la materia”.

El Insabi, sólo buenas intenciones

Presuntamente, el Insabi iniciaría operaciones a partir del 1 de enero de 2020, pero, ante el retraso de su arranque en BCS, distintos medios de comunicación solicitaron al titular estatal de la SSA ofreciera una explicación al respecto. Luego de 2 semanas, George Flores se reunió con representantes de la prensa local y nacional para anunciar que en el estado el sistema de salud continuará operando como lo hizo hasta 2019, pues el Gobierno de México no ha emitido reglas de operación para canalizar recursos con los que operaría el nuevo instituto.

“Cuando nació el Seguro Popular se prestó para varias cosas, por falta de estas reglas de operación. Si no está claro en qué puedo gastar el dinero y en qué porcentajes, pues queda a discrecionalidad […] A falta de esas reglas podemos caer en la discrecionalidad y que se pueda gastar de manera no muy prioritaria […] El principal problema de prestar los servicios son los recursos financieros: los recursos financieros no son suficientes para tener una prestación de servicio universal”, dijo Víctor George. “La intención es buena, la situación es que no tiene solvencia”.

El secretario explicó que “está la ley” en materia de salud para la creación del Insabi, “pero faltan los reglamentos para la distribución de los dineros”, dijo. Para la operación del extinto Seguro Popular, al que se afiliaron 220 mil sudcalifornianos, BCS requería un aproximado de 300 millones de pesos, de los cuales la federación aportaba 185.4 millones, el estado 121 millones y poco más de medio millón de pesos se percibían a través de cuotas de familia, con lo que se cubría el derecho a consulta, gastos catastróficos, medicamentos y tratamiento oncológico. Con el Insabi no se cobrarán esas cuotas familiares, mientras que el catálogo de enfermedades a atender se extenderá, pero sin reglas de operación “no hay cuestión financiera” para tener una atención universal de salud “al 100 por ciento”.

Y el problema no es local, sino que es de competencia nacional, observó el secretario, al criticar que el porcentaje correspondiente al sector salud en las asignaciones del Producto Interno Bruto (PIB) de México es del 2.8 por ciento, cuando en países como Estados Unidos este porcentaje alcanza hasta el 16.9 por ciento. 

BCS necesita más dinero, pero no sabe cuánto

Sin embargo, George Flores dejó ver que el Gobierno del Estado no ha sido capaz de cuantificar la cantidad de recursos necesarios para cubrir las nuevas necesidades que plantea el Insabi, por lo que el Gobierno de México tampoco cuenta con una solicitud clara por parte de BCS respecto a la ampliación de recursos en materia de salud.

Antes de la publicación de la ley, recordó el secretario, el Gobierno de México ofreció centralizar los servicios de salud para atender a la población no derechohabiente una vez que el Insabi iniciara operaciones, aceptó también, por lo que la federación se haría cargo de la administración de los inmuebles, la dotación de medicamentos y el pago de personal, aunque la relación obrero patronal permanecería a cargo del Gobierno del Estado, pero Carlos Mendoza no aceptó dicho convenio. 

“Ceder las administraciones a nivel central, pues… se nos hacía… pues… al final de cuentas a quien le iban a reclamar era a nosotros, si esto no funcionaba […] O sea, él dispone y yo pongo la cara”, justificó Víctor George, y adelantó que esta semana tendrá una primera reunión con Juan Ferrer como director del Insabi, donde se explorarán dos opciones más: una opción mixta, donde la federación se hace cargo de ciertas áreas y la entidad de otras; o seguir operando como hasta el momento, bajo la administración de BCS. No obstante, cualquier alternativa deberá incluir la gratuidad total de los servicios, algo que la administración Mendoza considera insostenible. 

“Queremos ser muy transparentes, nada más, y no vender ilusiones”, finalizó el encargado de las políticas de salud en la media península. “Para el Gobierno del Estado lo más fácil es decir ‘ten, hazte cargo de todo’, porque la salud es un tema muy sensible, pero tenemos la responsabilidad con los ciudadanos y nos interesan los sudcalifornianos”.

La respuesta de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el tema en su conferencia matutina del 13 de enero y aseguró que buena parte de los gobernadores que se negaron a aceptar la operación del Insabi ya habían sido convencidos, pero quienes no desean unirse a esta estrategia nacional, les recordó que no se trata de un proceso obligatorio para los estados, sino opcional.

"Tengo la información de que no son 6 (gobernadores) y que la mayoría ya ha aceptado que la atención médica en sus estados para población se garantice de manera gratuita, y estoy seguro que al final, si no todos, porque no podemos obligar a nadie, la gran mayoría va a trabajar en este plan conjunto para mejorar la salud y que la atención médica y los medicamentosos sean gratuitos", dijo López Obrador.

Hasta el momento, los mandatarios de Tamaulipas, Durango y BCS se han expresado en sus redes sociales en contra de la operación del Insabi, mientras que los de Guanajuato y Jalisco, que tampoco han signado convenios con el Gobierno de México en este sentido, han evitado pronunciarse. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, luego de ciertos roces destacó sí se incorporará al nuevo sistema, pero adelantó que aclarará dudas con el director del Insabi.

¿Carlos Mendoza está del lado de la salud?

Para concluir, cabe mencionar que la jefa de gobierno de Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, utilizó su espacio en la conferencia matutina del presidente López Obrador para cuestionarlos  si gobernadores que se oponen al Insabi en realidad están en contra de que la gente tenga acceso gratuito a la salud.

“Habría que preguntarles si realmente están del lado de la salud para los habitantes de estos estados”, expresó Sheinbaum Pardo, para después pronunciarse a favor del Insabi y anunciar que se el Gobierno de la CDMX contratará 800 médicos para ayudar en la operación del instituto.