Ciudad de México. Los servicios médicos públicos en México serán gratuitos de manera progresiva. Así dice la reforma a la Ley General de Salud, por lo que no hay engaño.

Conforme las entidades federativas suscriban los acuerdos de coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), contarán con los recursos económicos y materiales necesarios para garantizar la atención a las personas en el primer y segundo niveles de atención, afirmó Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del nuevo organismo.

Hasta hoy, 22 secretarios de Salud, incluidos algunos de gobiernos panistas, están de acuerdo con el cambio, que es en beneficio de las personas, sobre todo las que se encuentran en las zonas más marginadas y alejadas del país.

En entrevista en su oficina, que ahora comparte con otras nueve personas porque era demasiado el espacio para una sola, el funcionario dijo que el caos de los primeros días de operación del Insabi es por las resistencias de quienes piensan que está bien la deuda de más de 54 mil millones de pesos que tienen las secretarías de Salud estatales.

“No dicen que el Seguro Popular operaba con déficit de recursos –cada año le faltaban más de 3 mil millones de pesos– ni que la mayor parte del dinero se destina al pago de servicios subrogados, mientras los centros de salud carecen de capacidad resolutiva.”

Respecto de los costos que los pacientes seguirán pagando en los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad por la atención de padecimientos complejos, puntualizó que hay 66 intervenciones quirúrgiucas gratuitas –antes cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos– que se mantienen, y una lista de 30 padecimientos adicionales que se sumarán a la gratuidad una vez que se actualicen los protocolos de atención clínica y el Consejo de Salubridad General los autorice.

–¿Qué falló? ¿Qué faltó explicar y por qué hay quejas por cobros de servicios?

–Un cambio siempre enfrenta resistencias. La reforma legal va dirigida a la gente y no a la cuestión financiera, como era el enfoque del Seguro Popular. Había una tendencia a la privatización.

Ahora, es diferente: se refuerza la participación de las secretarías estatales de salud; van a tener los recursos para ser resolutivos. Que nos pidan lo que necesitan para funcionar: equipos, personal médico y de enfermería. Sólo hay una línea: que todo sea en favor de la gente.

–¿Qué pasa con la iniciativa privada en esta área?

–No puede seguir esto de que el dinero sea para su beneficio. Seguirá la subrogación, pero con precios justos y calidad en los servicios. El problema es que son muchas áreas que se subrogan, desde la lavandería, la seguridad, jardinería, alimentación, centros de mezclas, laboratorios de análisis clínicos y estudios de imagen, entre otros. Las entidades destinan a esto más de la mitad de sus presupuestos.

Se van a realizar contrataciones de servicios de forma consolidada, a través de la Secretaría de Hacienda.

–El Seguro Popular también tenía convenios con hospitales privados para la atención de algunas enfermedades –se le recordó.

–Van a seguir, pero con un esquema distinto, donde se les pague en especie. Recibirán los medicamentos e insumos que se requieran para la atención de pacientes.

–¿Cuándo estarán firmados los acuerdos de coordinación con las entidades?

–He tenido encuentros con 22 secretarios de Salud. Esta semana me reúno con los que faltan. Los 22 están de acuerdo con el cambio del Insabi, porque es para mejorar. Tendrán el dinero suficiente para la rehabilitación de todos los centros de salud, que funcionarán de lunes a domingo. Les enviaremos las medicinas y el personal del programa Médicos del Bienestar, al que se han inscrito 32 mil 132 doctores y enfermeras. Esto nunca se había logrado, aunque digan que el Seguro Popular funcionaba muy bien.

Este año quedará consolidado el sistema. A mediados de febrero tendremos la definición de las entidades sobre los acuerdos.

–Las quejas son porque el año pasado se dijo que los servicios serían gratis para todos y en todo el país. Nadie habló de la progresividad.

–Así lo dice la ley, además de que los 23 institutos nacionales de salud y los hospitales de alta especialidad no dependen del Insabi. Ahí es donde hay cobro de cuotas. No son los 4 mil establecimientos de salud del país.

Las 66 intervenciones que cubría el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (ahora Fidecomiso de Salud para el Bienestar) se mantienen y hay 30 padecimientos que también se atenderán de manera gratuita. Falta que los grupos de expertos actualicen los protocolos de atención, que lo apruebe el Consejo de Salubridad General e incluya los tratamientos en el Compendio de Insumos para la Salud.

–¿En ese momento se firmarán los contratos de prestación de servicios entre el Insabi y los institutos y hospitales de alta especialidad?

–Así es. Conforme se vayan aprobando, el Insabi tendrá la obligación de garantizar la atención médica. Se necesita el soporte porque el dinero es finito. El Insabi tiene este año 112 mil millones de pesos: 72 mil millones del presupuesto ordinario y 40 mil millones de pesos adicionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención, los que se usarán con base en la ley y la planeación. No es una ocurrencia.

–El retraso en la firma de contratos para la compra de medicinas afectará los servicios médicos...

–No hay retraso. Hay disponibilidad hasta el 30 de marzo. Los contratos 2020 son del primero de abril al 30 de enero de 2021. En mayo de 2020 se harán las compras para cubrir dos años: del primero de febrero de 2021 al 31 de diciembre de 2022. Y en abril de 2021 se hará la licitación de 2023 y 2024. Así nos va a salir más barato.

–¿Qué pasó con el personal de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud?

–Como ya no hay afiliación, se les ofreció la reubicación. Médicos y enfermeras a centros de salud y hospitales; los administrativos serán promotores de salud. Este es otro tema: más de 30 por ciento de los trabajadores son administrativos, cuando máximo debería ser 6 por ciento. O como aquí en las oficinas. Cuando era Comisión Nacional de Protección Social en Salud había 500 empleados, y ahora somos alrededor de 87.

–El edificio les quedará grande.

–Ya lo estamos alquilando. Lo compartimos con el Laboratorio Biológicos y Reactivos de México (Birmex) y está pagando la parte que le toca de la renta.