Cabo San Lucas (CSL), Baja California Sur.-  A través de una denuncia ciudadana enviada a Diario El Independiente, se evidencia un conflicto legal por el cumplimiento en una transacción relacionada a la comercialización de terrenos en la zona de Cabo del Este (Municipio de Los Cabos), por un monto estimado de sesenta millones de dólares. 

El supuesto fraude inmobiliario fue difundido en redes sociales señalando a un ciudadano de nombre Tosh “N”, por un monto de veinte millones de dólares, sin embargo, esto parece ser totalmente falso, pues quien señala, una empresa ubicada como “SIAN KA’AN”, sería la figura representante que no cumplió en el compromiso pactado entre particulares. 

De acuerdo con el denunciante, sería esta empresa (SIAN KA’AN), de origen español, la que no saldó el monto de sesenta millones de dólares por los predios en conflicto, y para desviar atención mediante argucias legales, está promoviendo juicios penales en otras ciudades, con la intención “de marear” al propio Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur. 

En este caso, sería la propia PGJE en BCS, quien deba aclarar lo que sucede con la empresa española en la entidad, pues presuntamente incumplió un contrato maestro de fideicomiso irrevocable de garantía y traslativo de dominio F/00563.  En el presunto compromiso a través del dicho fideicomiso, “SIAN KA’AN” no pagó un monto pactado por los predios, de 60 millones de dólares, únicamente 20 millones, que serían por los que señaló con presuntas argucias legales, al particular antes mencionado a través de juicios penales. 

Ante esto, los afectados en el caso inmobiliario, que se desarrolla en una de las zonas de mayor plusvalía en el municipio de Los Cabos, hacen un llamado a la opinión pública y autoridades, a revisar el manejo de las operaciones inmobiliarias en el destino turístico, así como a la propia Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), pues requieren que el actuar de la autoridad estatal sea en el marco de la ley y sin privilegiar a empresas extranjeras.