• El arresto de Genaro García Luna en Texas y su presentación, encadenado de pies y manos, ante una corte, es un hecho político y policial de gran envergadura
Agencia
Ciudad de México. El arresto de Genaro García Luna en
Texas y su presentación, encadenado de pies y manos, ante una corte, es un hecho
político y policial de gran envergadura porque el hombre fue la pieza que
articulaba varios de los componentes principales del régimen calderonista: la
corrupción gubernamental, la sangrienta estrategia de seguridad y
laparticipación en ella del gobierno estadunidense. En la génesis de la
violencia estructural que se abatió sobre el país de manera profunda y
perdurable, García Luna es un factor mucho más relevante que El Chapo Guzmán,
porque éste actuó siempre de un sólo lado del fenómeno, en tanto que el ex
secretario federal de Seguridad Pública operó en todos: como gestor de los
contratistas que hicieron fortunas con el baño de sangre; como administrador de
la fuerza del Estado; como protector furtivo de aquellos a quienes se suponía
que estaba combatiendo; como encubridor, junto con el entonces procurador
Eduardo Medina Mora, de las complicidades estadunidenses con el narcotráfico;
como conexión con las organizaciones ciudadanas que dieron
justificación y cobertura a la masacre –México Unido contra la Delincuencia,
Alto al Secuestro, Causa en Común y demás–, y hasta como guionista del discurso
mediático que acompañaba las acciones de guerra.
Muchos
piensan que el Calderonato fue una suma de corruptelas, ineptitudes y
estupidez. Otros estamos convencidos de que fue, en realidad, un programa
diseñado para llevar a la sociedad mexicana a un estado de indefensión,
desarticulación, zozobra y pánico con la finalidad de crear condiciones óptimas
para el saqueo de bienes nacionales, la apropiación de recursos naturales y la
explotación más extrema de la fuerza de trabajo. Pero, haiga sido
como haiga sido –por estulticia o por designio–, no deja de
ser sorprendente que haya sido posible ensamblar esa orquesta inmunda en la que
tocaban al unísono, aunque en distintas escalas, empresarios, políticos, capos,
representantes diplomáticos, académicos e intelectuales orgánicos, opinadores,
publicistas, activistas y agentes del FBI, la DEA, la CIA y la ATF destacados
en el territorio nacional. Y en el rol desempeñado por García Luna se encuentra
una parte fundamental de la respuesta.
Ciertamente,
en el periodo del usurpador michoacano no se encuentra la raíz de todos los
males y miserias que ha padecido México; ese lapso es un eslabón en el ciclo de
gobiernos neoliberales y oligárquicos que empieza con De la Madrid o con
Salinas y culmina con Peña Nieto, un ciclo de avance progresivo y gradual de la
corrupción a gran escala, la pérdida de derechos, conquistas y condiciones de
vida, la destrucción de organizaciones sociales, la pérdida de soberanía y el
acanallamiento de las conductas sociales. Pero el calderonato es el tramo
definitorio del proyecto antinacional que empezó a hacer agua tras la atrocidad
de Iguala del 26 de septiembre de 2014, sufrió una fractura fatal con la
llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y acabó de desmoronarse el 1 de julio
del año pasado. Entre 2006 y 2012, sin embargo, se consagraron la
generalización de la violencia, la pérdida de los derechos humanos como
referente básico, la descomposición institucional y la impunidad garantizada a
las raterías de los funcionarios. En ese lapso se hizo inocultable que había
una conexión entre política económica y auge de la criminalidad y se evidenció
que la delincuencia organizada se había convertido en un sector económico por
derecho propio, tanto por el número de empleos que generaba como por la
cantidad de divisas que aportaba a la economía.
Más
allá de las obligaciones legales de procurar e impartir justicia, hay una razón
de Estado que hace necesario esclarecer asuntos como el fraude electoral
mediante el cual Calderón fue incrustado en Los Pinos, juzgar los crímenes de
lesa humanidad perpetrados por su gobierno, –reactivando, por ejemplo, la
denuncia presentada en la Corte Penal Internacional de La Haya– y esclarecer el
destino de los recursos derivados de los sobreprecios petroleros –decenas de
miles de millones de dólares que desaparecieron en los sexenios de Fox y de
Calderón, el dispendio de la barda de la nunca construida Refinería Bicentenario
y las raterías perpetradas con el pretexto de la Estela deLuz. Adicionalmente,
por la necesidadde entender a profundidad lo ocurrido, es deseable que una
comisión de la verdad examine y evalúe desde el ámbito social el papel que
desempeñaron García Luna, Medina Mora, el propio Calderón y otros ex
funcionarios en la conformación y el funcionamiento del Calderonato, un
ejercicio gubernamental sórdido, indecente y sangriento que no debe repetirse
nunca más.